Más de 220 familias confinadas en Bojayá por enfrentamientos de grupos armados
Los constantes enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional en territorios indígenas de Chano, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó, zonas del municipio de Bojayá, Chocó, tienen confinadas a más de 220 familias.
Por lo que la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó -Asorewa-, hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional y a los organismos de derechos humanos para atender la crisis que se presenta en la región.
Emilio Camzary, coordinador de la oficina de derechos humanos de la organización indígena, afirmó que las personas tienen temor de quedar en medio de los enfrentamientos, y por eso no salen de sus territorios.
La organización recordó que el pasado 22 de mayo se presentó un enfrentamiento entre las Agc y el Eln en el río Bojayá, en el punto conocido como Corondo, ubicado a 3 km de la comunidad de Chanó, situación que ha afectado psicológicamente y físicamente a la comunidad. “No se ha podido realizar la cacería, siembra y recolección de los cultivos de pancoger, porque se vive día a día en confinamiento”, indicó Camzary.
“El Cabildo Local y la Guardia Indígena de Chanó hacemos un llamado al Gobierno Nacional, departamental y municipal y a las instituciones competentes, para realizar acciones humanitarias que garanticen la tranquilidad y el respeto por la vida y el territorio de nuestras comunidades”, solicitaron.
Sin embargo, afirman “que a la fecha no vemos acciones contundentes frente a la magnitud de los hechos que continúan resquebrajando la armonía de los territorios”.
Uno de los hechos que la Asorewa recuerda y que marca el temor que se vive, se dio en la comunidad de Chanó el día 23 de febrero, con la muerte de Máximo Baquiasa Rubiano, de 46 años de edad, quien fue impactado con un artefacto explosivo que le causó la muerte y dejó heridos a un hijo y un nieto.
En el comunicado, la organización hace un llamado a los grupos armados para que respeten la autonomía y los territorios de las comunidades indígenas, además de instar a los organismos como Defensoría Regional del Chocó, a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a darle prioridad a las familias que se encuentran en la situación bastante calamitosa.
Y pidieron a la vicepresidencia, a la Procuraduría General de la Nación y al obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, a visibilizar las violaciones de los derechos humanos que ponen en riesgo a los miembros de las comunidades indígenas de Chanó.
