La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra los funcionarios del Distrito de Bogotá debido al presunto feminicidio de Erika Aponte, quien perdió la vida hace 15 días en el centro comercial Unicentro de Bogotá.
Según la Procuraduría, al parecer, el Distrito no tomó las medidas de seguridad solicitadas por Aponte en repetidas ocasiones, a pesar de las amenazas que recibía por parte de su expareja.
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En este momento, el Ministerio Público está tratando de confirmar si Aponte acudió a la casa de justicia de Usme para solicitar acciones de protección para su vida e integridad, y si los servidores públicos respondieron a su llamado y activaron las medidas necesarias para su cuidado.
La Procuraduría busca esclarecer los hechos y ha ordenado la recolección de pruebas en las entidades pertinentes para determinar las acciones llevadas a cabo.