Reforma al Código de Infancia y Adolescencia busca medidas alternativas a la privación de libertad
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en conjunto con el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, está impulsando una reforma al Código de Infancia y Adolescencia con el objetivo de transformar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, destacó que esta iniciativa busca ampliar las medidas no privativas de la libertad y garantizar que los jóvenes infractores puedan reintegrarse a la sociedad sin estigmatización.
“Hacemos esta acción con el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura para reconocer el enfoque diferencial que necesitan nuestros adolescentes. Una justicia restaurativa que les permita reparar el daño a la sociedad, pero también acceder a nuevas oportunidades de vida sin ser señalados”, explicó Cáceres.
Actualmente, muchos adolescentes que entran al sistema penal enfrentan sanciones que incluyen la privación de la libertad en centros especializados.
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Sin embargo, según la directora del ICBF, esta debe ser la última opción.
En su lugar, el nuevo enfoque propone medidas restaurativas, como:
✔ Reparación del daño a las víctimas
✔ Participación en programas educativos
✔ Acceso a oportunidades laborales
El objetivo es evitar la reincidencia y favorecer su reintegración social.
Según cifras oficiales, en Colombia hay más de 7.000 adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal, y un alto porcentaje de ellos proviene de entornos vulnerables.
En muchos casos, los jóvenes han cometido delitos menores, pero al ser privados de la libertad, enfrentan un proceso de estigmatización que dificulta su reinserción social y aumenta el riesgo de reincidencia.
“Hemos empezado con una ruta con las normas que tenemos, pero estas reformas realmente van a transformar de fondo el sistema y permitirán dar un salto al país hacia un modelo de justicia más progresista”, agregó Cáceres.
La propuesta también busca fortalecer las medidas no privativas de la libertad en todo el país, asegurando que los adolescentes puedan cumplir sus sanciones a través de procesos que promuevan la restauración, la garantía de derechos y la construcción de un futuro productivo.
Finalmente, la directora del ICBF hizo un llamado al Congreso para que acompañe esta reforma y se logre un cambio estructural en el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley.
“El saldo que tenemos con ellos empieza a moverse hoy. Necesitamos que el legislativo se sume a esta transformación para cambiar las condiciones en que opera el sistema penal adolescente en Colombia”, concluyó.
