La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputar a 10 excomandantes de las Farc basándose en el derecho indígena que describe que las afectaciones sufridas por las comunidades en medio del conflicto armado con esa guerrilla son equiparables con el etnocidio.
La solicitud la hizo el ente de control, teniendo en cuenta que los comparecientes de 12 municipios del norte del Cauca y cinco del sur del Valle, revelaron una práctica generalizada de violencia extrema contra comunidades, territorios indígenas y afrocolombianos que “puso en riesgo de exterminio a las comunidades étnicas, situación que ha sido reconocida por el Estado colombiano y que ha llevado a que se considere necesaria una calificación jurídica propia”.
De acuerdo con la Procuraduría, estas comunidades fueron víctimas de homicidios, reclutamiento forzado de menores de edad, confinamientos, desplazamiento forzado, desapariciones y lingüicidio.
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“Para el caso particular de reclutamiento forzado de menores de edad indígenas, la Procuraduría revisó 419 casos en los que determinó que además de la comisión de este delito, las víctimas también fueron sometidas a hechos de violencia y esclavitud sexual, planificación obligatoria y abortos forzados so pena de fusilamiento”, indicó el Ministerio Público.
Frente a los asesinatos y desapariciones forzadas hubo 51.125 muertes violentas, “un número que es mayor a la población total de los municipios en la zona priorizada, salvo por Santander de Quilichao, Palmira y Padilla; causados por la presencia y búsqueda de control social y territorial de las Farc y de acuerdo con sus intereses económicos, políticos y sociales”, concluyó su petición el ente de control.