Lo que la represa de El Quimbo se llevó
Esta Central Hidroeléctrica es una planta generadora de energía, propiedad de la multinacional Enel Colombia, que hace uso de las aguas del río Suaza y Magdalena. El proyecto nació a partir de una decisión de declaratoria de utilidad pública con la resolución 321, por parte del Gobierno nacional, para la producción de energía de 400 megavatios (MW).
"Cuando a los campesinos les llega esa notificación, ellos no sabían lo que quería decir ese término de utilidad pública. A veces es necesario aplicar esta medida, pero en el caso del Quimbo no. Vemos que era un territorio ocupado por 100 propietarios y pasa a ser de una multinacional. El proyecto ha generado fuertes impactos socioeconómicos, culturales y ecológicos porque 8.500 hectáreas fueron inundadas", señala Leyla Marleny Rincón, representante a la Cámara por el Huila y dirigente del Pacto Histórico.
Durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, uno de sus esquemas era la “confianza inversionista”. Por eso llegaron grandes multinacionales que obtenían rápidamente sus licencias, como sucedió con el proyecto de El Quimbo.
"Encontramos que la licencia ambiental no cumplió con los requerimientos. Uno de ellos era el reconocimiento de la biodiversidad. Fueron estudios que tan solo se hicieron en dos meses. Pero algo gravísimo es que no se tuvo en cuenta lo que se llama levantamiento de veda. Es decir, tenían que haber hecho un estudio minucioso de la biodiversidad que había en la zona y plantarlo en otro lugar, con las mismas condiciones para garantizar que esas especies no se pierdan", afirma.
Asimismo, la representante, quien es licenciada en química y biología y especialista en Educación y Derecho ambiental, dice que con El Quimbo se le vuelve a quitar la libertad al río Magdalena, como pasó con la represa de Betania.
"En esa época no teníamos la constitución del 91. No había una legislación ambiental tan rigurosa y juiciosa como la que tenemos ahora. Cuando se hizo Betania, se alteró significativamente el recurso hidrobiológico. Se rompe la migración de los peces, especialmente el bocachico, que es el característico de nuestro río Magdalena. Nosotros recordamos cuando las comunidades se desplazaban hacia el Tolima, para la famosa subienda en Honda", asegura.
Pero en el caso de esta segunda represa, la bióloga dice que se afectaron hectáreas que eran para la producción de arroz, maíz, frutas y grandes extensiones de cacao, entre otros.
"Lo primero que hicieron fue inundar la zona y no hicieron la sustracción del material vegetal.
Entonces, toda esa biomasa se ha descompuesto. Eso hace que los niveles de oxígeno sean mínimos y no permitan la vida de la biodiversidad. Se ha obligado a la empresa a que suministre oxígeno.
"¿A quién se le ocurrió esto? Que una multinacional tenga que suministrarle oxígeno a los peces para que puedan mantener sus condiciones vitales de vida. Yo creo que esto solamente pasa en Colombia”, afirma.
Rincón, quien además es especialista en docencia de biología, cuenta que, con la inundación de esta zona, también se perdieron vestigios históricos, como parte del camino indígena que iba hasta el Perú. Asimismo, petroglifos, cementerios y la iglesia de San José de Belén, que data de 1600 y que era considerada como patrimonio arquitectónico.
"Hay un oficio que tiene que ver con nuestro Himno del Huila y todo se va al traste. Esta es una zona del río Magdalena donde los pescadores artesanales eran personas muy importantes. Son historias y planes que fueron totalmente alterados. Una época en donde los abuelos les enseñaban a sus hijos y nietos a pescar. Era una actividad significativa donde los pobladores no tenían que pagar, sino salir y echar su chinchorro, su atarraya y ahí tenían su seguridad alimentaria", dice.
Han pasado más de 15 años y el proyecto El Quimbo ha dejado más de 10 mil personas afectadas. Pero la multinacional asegura que son 427 familias. En este momento, no se les han reconocido lo que la licencia ambiental establecía.
"No han sido reconocidos gran parte de los afectados porque no son los dueños de esos territorios, sino que eran personas que estaban realizando otras actividades en la región: jornaleros, pescadores, paleros, areneros", concluye Leyla Rincón.
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Ante este incumplimiento, los afectados se han organizado para defender sus derechos. Es así como se han ido convirtiendo en líderes representantes de los grupos poblacionales. También, gracias al impulso y sentido de pertenencia de la representante Leila Rincón del departamento del Huila, se han hecho oír en el actual Gobierno.
"Le reclamamos al gobierno porque ellos fueron los que implementaron esta cantidad de decretos y resoluciones sin medir las consecuencias que iban a generar en las poblaciones impactadas en su totalidad", afirma Ferney Moyano Pérez, presidente de la veeduría ciudadana de Gigante (Huila), para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Ferney, de 59 años, es padre de tres hijos adultos. Antes de que inundaran esta zona, se dedicaba al oficio de palero o arenero en los puntos de extracción de material de playa que tenía el río Magdalena.
"El Ministerio de Minas se comprometió con la empresa a volver a reactivar los sitios de extracción, pero no salieron con nada. Al acabarse este oficio, se incrementaron los costos de construcción.
Nosotros comprábamos el viaje de arena a 140 mil pesos. Hoy vale 700 mil pesos traído de otro lugar. Era hermoso ver cómo el mismo río en su naturaleza separaba los materiales de playa. Usted lo encontraba listo para cargarlo y convertirlo en material para construcción", dice.
En abril pasado, se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión de la Cámara de Representantes, donde fueron escuchados el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, y la ministra de Ambiente y Desarrollo sostenible, Susana Muhammad.
En dicha reunión, la jefa de esa cartera dijo que “Enel debe cumplir con los requisitos de la licencia. Asimismo, que la multinacional tiene que generar riego por gravedad para 2.700 hectáreas en un proceso de reforma agraria. Mientras que la Agencia Nacional de Tierras tiene que comprar las tierras para poder cumplir esta obligación. Esto permitirá hacer justicia ambiental en el departamento del Huila y aumentar su productividad".
Por su parte, el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, le solicitó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que "actúe en consonancia con su responsabilidad de hacer cumplir la licencia ambiental, pues hasta ahora ha sido cómplice de los incumplimientos".
Asimismo, Dussán le pidió a la empresa Enel que, por fin, "cumpla al Huila con las compensaciones, y no solo a las 427 familias que viven una situación crítica, sino a todo el territorio, porque la afectación ha sido grande en la producción, ambiental y económica".
A raíz de ese debate, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible creó una hoja de ruta para El Quimbo, con varias acciones, bajo la implementación del Acuerdo de Escazú, que brinde garantías y justicia a las comunidades afectadas por el proyecto.
Con esta posición del nuevo Gobierno frente al caso del Quimbo, se abre una nueva esperanza para los afectados. Sin embargo, Ferney dice que la gente no ve esperanzas y pide a las entidades estatales que tienen que ver con la solución de este problema social y ecológico que actúen con celeridad.
"La intención de los habitantes es dar un tiempo de espera y, si no hay una pronta respuesta, tomar las vías de hecho. Uno como representante de ellos trata de mediar. Pero ellos dicen que están cansados y desilusionados. Por eso piensan hacer una manifestación para inmovilizar la ruta 45 y tomarse los terrenos que tiene la empresa. Ellos tienen tierras baldías que son productivas, pero las tienen de engorde. No permiten ni siquiera unos comodatos para que la gente vuelva a cultivar", concluye Ferney Moyano Pérez.
