En las audiencias, programadas en cuatro sesiones (1 y 2 de marzo en Medellín, y 4 y 5 de marzo en El Carmen de Viboral), los familiares de las víctimas tienen la oportunidad de pronunciarse sobre las versiones entregadas a la JEP por exintegrantes de la IV y la XIV Brigada del Ejército Nacional sobre el modo en que se ejecutaron estos crímenes, especialmente entre el 2003 y el 2008.
Y es que el Caso 03, que comprende casos de “falsos positivos” registrados en Antioquia, da cuenta de que, de las 6.402 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en el país en las fechas señaladas, 1.613 eran de Antioquia.
“Contrastaremos de manera muy rigurosa todo lo que han dicho los comparecientes con lo que ustedes nos van a decir. Queremos ver si ellos están diciendo la verdad, a partir de lo que ustedes nos van a contar, a partir de lo que está en los expedientes judiciales, de todas las pruebas que hemos recopilado”, dijo Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la Verdad.
En este sentido, Antioquia reúne el 25.19% del total de víctimas de “falsos positivos” registrados en el país; de todas esas víctimas, 23 eran niños y 49 aún siguen sin identificar. La JEP ha reconocido a 471 víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas solo entre 2004 y 2008 en Antioquia. Sobre estos casos, la JEP ha escuchado a más de 80 exmiembros de las fuerzas militares.
“Uno no entiende que esa fuerza pública que nunca estuvo allí presente para proteger a mi madre cuando los grupos armados ilegales asesinaron a su familia, ahora esa misma fuerza pública aparecía para asesinar a mi madre, una mujer viuda, indefensa”, expresó Mario Antonio Mazo, víctima acreditada ante la JEP.
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Las víctimas hicieron un llamado a los comparecientes para que escuchen con detenimiento sus testimonios. Los magistrados de la JEP, por su parte, señalaron que estos tienen que seguir contribuyendo al esclarecimiento de la verdad y a la restauración de las víctimas.