Dos años del Informe Final de la Comisión de la Verdad: balance de recomendaciones planteadas

Tras cumplirse 2 años de la entrega del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Marco Romero, integrante del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del mismo, hizo un balance sobre las recomendaciones planteadas. 

Argumentó que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad constituyen una agenda de paz, que es el producto de la escucha a las víctimas y a las organizaciones sociales de toda Colombia. 

Las recomendaciones tienen como propósito una conversación nacional que lleve a la consolidación de la paz, a la democracia y a la no repetición de los hechos. Así mismo, dijo que están dirigidas hacia las instituciones del Estado y a la sociedad civil.

De igual manera, enfatizó que la Comisión de la Verdad hizo un conjunto de 9 capítulos de recomendaciones que llegan a ser más de 250 grandes encargos. “Pero veamos algunos de objetivos grandes, pues la Comisión recomienda consolidar la paz, es decir cerrar los diferentes ciclos de violencia”, dijo. 

“Si bien es cierto el presidente tiene toda la voluntad de hacer la paz, los resultados son diferentes. Él se refiere a la Paz Total que es negociar con los distintos grupos armados ilegales, además quiere hablar con sectores que en el pasado no apoyaron la paz como la derecha extrema, disidencias de grupos armados de izquierda y de otras organizaciones ilegales”, manifestó Marco Romero. 

Además, indicó que frente a la Paz Total hay mucha critica porque la gente espera que se resuelva en los 2 primeros años, al considerar que esas negociaciones tienen su complejidad y cuyos resultados se espera que tengan un exitoso final. 

“Pero en ese punto yo veo una sintonía muy grande entre lo que el Gobierno está intentando y el llamado de la Comisión de la Verdad. La CV decía básicamente que no podemos seguir con dinámicas de guerra porque ahogan a los derechos humanos, asfixian a la consolidación de la paz, a la dignidad humana y a la posibilidad de avanzar en el desarrollo de las reformas sociales en muchos territorios”, manifestó.  

Subrayó que en Colombia todavía hay muchos territorios donde la violencia sigue siendo igual o peor que antes, debido a la continuidad de dichas dinámicas, pues así lo evidencian las estadísticas de desplazamiento forzado. Ante esas circunstancias destacó que después de la firma del Acuerdo de Paz se registraron más de 1.000 casos de desplazamiento.

A la vez indicó que un segundo punto tiene que ver con la paz territorial y que en este tema hay avances en el plano normativo. Por eso destacó que la Comisión de la Verdad incluyó un conjunto de recomendaciones que muchas de ellas han sido acogidas por el Gobierno en el plano legislativo, normativo y político, pero se espera que se pueda proyectar en políticas públicas, proyectos y decisiones. 

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Reconocimiento del campesinado 

Marco Romero añadió que uno de esos puntos tiene que ver con el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección. Es decir que no se lo siga viendo como el "vagón de cola de desarrollo", sino como el sujeto que provee la base alimentaria del país, sin olvidar que puede brindarle a la nación la posibilidad de ser una potencia en materia de seguridad alimentaria para Colombia y el resto del mundo. 

“Mire que se votó la Jurisdicción Agraria tanto a nivel constitucional como legislativo y por eso ya existe la Jurisdicción Agraria. Aunque hay que decirlo, las cortes de justicia fueron un poco celosas y por eso se interpusieron a la posibilidad de incluir una corte agraria que es lo que necesita el país, teniendo en cuenta que este es un Estado donde la mitad del campesinado no tiene un título formal”, expresó. 

Destacó que este es un país donde hay un altísimo nivel de despojo y abandono forzado de tierras, donde predominan muchos litigios territoriales de los pueblos étnicos frente al Estado que aún están sin resolver. 

“Para eso se necesita una corte y reconocer la magnitud del problema. Por ahora, nos toca conformarnos con una cuasi especialidad agraria fragmentada; en donde distintas agencias de la rama judicial van a intervenir”, afirmó. 

Derechos de los trabajadores rurales 

De igual manera, agregó que el Gobierno reconoce diplomáticamente a nivel internacional la declaración de la Organización de las Nacionales Unidas ONU sobre los derechos de los trabajadores rurales.

“El Gobierno y el Congreso han ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Escazú. Este es un acuerdo de Justicia ambiental y de acceso a la información sobre situaciones que puedan generar desastres y afectaciones a las comunidades y territorios y también garantiza protección a los lideres sociales que trabajan por el medio ambiente”, explicó.  

Expresó que el Plan de Desarrollo tiene una vocación para superar las asimetrías territoriales y que el Gobierno está empeñado en sacar adelante una Reforma Rural. 

“Aunque obviamente las tierras que hasta ahora se han comprado para entregarlas al campesinado son muy pocas comparadas con el objetivo contenido en el Acuerdo de Paz, se espera que el Estado encuentre las fórmulas jurídicas y de política pública para avanzar más decididamente en ese proceso”, aseveró. 

También espera que el Congreso ayude para que se pueda cumplir con ese propósito, teniendo en cuenta que ese es un compromiso de Estado. 

“En el tema de paz territorial hay mucha voluntad en cuanto a adoptar las figuras del Acuerdo de Paz y aquellas que están previstas en las recomendaciones. Pero ahora, estamos en una etapa un poco más compleja y aquí es como se materializan muchas de las nuevas instituciones que se han venido creando”, indicó. 

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Tolerancia en la Fuerza Pública

“Las recomendaciones son muchas y de distinto alcance. Así como hay un cambio en la política de drogas, hay una evolución en la política de seguridad y yo creo que en general mientras no resolvamos los problemas del conflicto y de las guerras, vamos a tener circunstancias de afectación de la vida y de los derechos de los líderes sociales como lo ha dicho la Corte Constitucional en su reciente sentencia”, manifestó.

Reveló que es evidente el cambio en el enfoque de la Fuerza Pública, pues ahora la vemos mucho más comprometida en la búsqueda de la paz y en el respeto a las movilizaciones sociales.

“De hecho, en las grandes ciudades de Colombia hemos visto movilizaciones sociales que han sido respetadas por el Estado, a pesar de que se han dado algunos episodios de violencia policial en algunas ciudades. Y también hemos visto que esas movilizaciones en términos generales son pacíficas”, subrayó. 

Aunque en determinadas marchas dijo que se había observado una que otra pancarta con amenazas de muerte, destacó que el país está entrando en una etapa inédita. Antes cualquier movilización era estigmatizada por el Estado y reprimida con una lógica militar. 

Con ese logro destacó que ahora ese cambio es muy fuerte en las ciudades, aunque en los territorios persisten dinámicas de violencia muy complejas que se deben afrontar. 

“Los cambios también se ven en materia de drogas. Ahora, no se ve al Gobierno persiguiendo al campesinado cocalero, porque está debilitando a las dinámicas de interdicción y buscando un cambio de políticas hacia un modelo que permita ver los inconvenientes de consumo como un problema de salud pública”, indicó. 

Frente a ese y otros temas, argumentó que son muchos los cambios que se ven, sin olvidar que las recomendaciones implican transformaciones de muy largo aliento. 

“Además dependen mucho de que se puedan consolidar en un ambiente de paz y que permitan que la democracia rinda sus frutos de manera más sostenible”, manifestó.  

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Dificultades 

Frente a las dificultades que se han presentado para cumplir las recomendaciones, dijo que algunas que tienen que ver con temas de reparación integral de las víctimas, porque hay un costo muy elevado. 

“En Colombia, hay unos 8 millones de víctimas que no han recibido sus indemnizaciones, las cuales cuestan decenas de millones de pesos y ese dinero hay que conseguirlo y no hemos visto una voluntad del poder legislativo para respaldar una iniciativa de tan largo aliento de tipo distributivo que permita financiar esas indemnizaciones”, explicó. 

Ante esa situación dijo que dichas indemnizaciones deberían pagarse en corto plazo, porque es una manera de sufragar un porcentaje de lo que la gente perdió y de ayudar a la comunidad a empezar una nueva vida. 

“Hay un tema muy grande y es fiscal y no se puede decir que Colombia no tiene recursos porque es un país de renta media alta. Además, el problema es que es uno de los Estados más desiguales del mundo”, indicó.

Y expresó que eso implica la implementación de unas reformas distributivas para cumplir con esos propósitos. 

“Creo que no es posible reparar a tantas víctimas, ni avanzar en una Reforma Rural, tampoco es viable reconstruir el campo colombiano sino se logra una distribución de recursos y cambiar las dinámicas de las profundas desigualdades que tiene el país”, señaló.

“En otros temas también hay dificultades, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad era muy importante porque buscaba cambiar la lógica de un Estado monocultural que sirve para unos sectores, pero no para otros”, aseveró. 

Reiteró que muchas veces en los territorios la gente nunca ha mirado la cara del Estado Social de Derecho y por eso dijo que se necesita que la nación le ponga atención a los lugares donde nunca ha hecho presencia.

“Es indispensable que atienda los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes y de las mujeres rurales que son quienes nunca han sido objeto de su acción. Entonces no se necesita poner allí el autoritarismo, sino el Estado de Derecho, con sus garantías para la sociedad y eso implica que haya avances no solo financieros, sino también institucionales”, afirmó. 

Desafortunadamente dijo que el Ministerio de la Igualdad fue declarado inexequible porque fue un tema de forma, de unos requisitos que no se cumplieron en el proceso de su formación.

“Estos son algunos de los muchos temas que están en las recomendaciones para entender la dimensión del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV)”, puntualizó diciendo Marco Romero; integrante del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.