El Senado aprobó ayer una audiencia pública para discutir el proyecto por 46 votos contra 40 que negaban. Con dicha sentencia, el proyecto se hunde, ya la norma señala que las reformas constitucionales deben aprobarse en su primera vuelta en la misma legislatura y, por lo tanto, el tiempo ya no alcanza para la audiencia antes del 16 de diciembre, cuando terminan las sesiones ordinarias. María José Pizarro, senadora ponente del proyecto, habló en Señal de la Mañana sobre lo que viene ahora.
"Volveremos a insistir en julio. Recordemos que como es una modificación a la Constitución, este proyecto de acto legislativo requiere ocho debates, cuatro en cada período congresional en cada semestre. Lo único que podemos hacer ahora es recoger las lecciones aprendidas, seguir avanzando, seguir insistiendo y lograr algo, que debería ser un esencial. Cada vez vamos generando más conciencia en el país, de que en Colombia el porte, el consumo y la siembra de hasta 20 plantas es legal en Colombia desde 1994, y está regulado desde 1986, esto qué quiere decir que hace tres décadas? Estamos en una ambigüedad jurídica", menciona.
La reforma constitucional fue hundida en parte con los votos de los partidos Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, algunos liberales y de La U, mientras que por el apoyo a que siguiera la misma se dio por los partidos como Pacto Histórico, la Alianza Verde, una parte del liberal, Comunes y ciertos senadores de la U.
"Por un lado, la Corte Constitucional defiende los derechos y las libertades de lo de los ciudadanos de nuestro país y por el otro lado, el Ejecutivo y el Legislativo toman decisiones más bien retrógradas y que van en detrimento de garantizar esas libertades y esos derechos ciudadanos. Se están tomando decisiones que van en contra vía de lo que ya ha establecido la Corte Constitucional en distintas sentencias y es que no se puede castigar al consumidor, no se puede castigar a quien porta, a quienes se debería castigar es precisamente a los narcotraficantes, a los jíbaros que controlan los territorios. Lo único ilegal aquí es la comercialización, entonces cualquier persona que sea consumidor de cannabis, tiene que ir a las mafias, tiene que ir al mercado ilegal para poder adquirir. Esto genera toda una ambivalencia y en últimas termina exponiendo precisamente a la juventud", agrega Pizarro.
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Además, menciona que lo que se busca con este proyecto es quitarles "fuentes oxígeno" y espacio a los narcotraficantes, quienes viven del negocio ilegal, y proteger a la juventud, en el sentido de que tengas todas las herramientas para tomar una decisión, orientándolos en que el consumo de cannabis tiene daños para la salud. Sin embargo, garantizando que quienes decidan consumirlo, puedan hacerlo con una regulación estricta.
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