Ley de Seguridad Ciudadana: ¿de qué se trata y cuáles son sus implicaciones?

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que, con el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, se busca fortalecer los instrumentos jurídicos y recursos económicos con los que deben contar las autoridades para contrarrestar la delincuencia en las ciudades, y de esa manera garantizar la tranquilidad de los ciudadanos frente a los delitos que se cometen en el país.

El proyecto tiene varios puntos, como la regulación del uso de las armas, se agravarán las penas ya existentes y las sanciones cuando la persona intente huir o no comparecer ante la justicia.

"Se agravan las penas para los delitos de daño en bien ajeno, cuando se afecta la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte masivo y las instalaciones militares y de policía, y para el delito de instigación a delinquir cuando se realiza para cometer delitos que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad", explicó.

Con este proyecto también se endurecerán las penas sí la persona es reincidente y sí se usan armas blancas. Adicionalmente sí hay un homicidio, un agravante a tener en cuenta es sí se presentan lesiones personales contra servidor público.

Además, según el ministro Ruiz se modifica el delito del hurto, en cuanto la pena irá de acuerdo con el costo de lo robado, es decir no habrá la misma sanción para quien robe un celular a un carro.

"Sí es hasta cuatro salarios mínimos (el costo del objeto robado) la pena de prisión será de 32 a 48 meses, y si en cuantía es más de cuatro salarios mínimos la condena será de 48 a 108 meses de prisión", dijo.

Asimismo, explicó que se crean nuevos delitos como el avasallamiento de bien inmueble, la intimidación o amenaza con arma de fuego, el porte de arma blanca solo en evento público masivo y se introduce la no comparecencia ante las autoridades, resistiéndose al procedimiento de captura mediante la violencia.

En cuanto a la polémica por la privatización de las cárceles, el ministro de Justicia indicó que no se reemplazará al Inpec, que seguirá prestando el servicio de vigilancia y control en los establecimientos de reclusión del orden nacional, pero la vigilancia privada será sólo para los sindicados.

"Las cárceles departamentales y municipales puedan celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. Esta iniciativa se contempló para que los entes territoriales, como lo determina la ley, puedan hacerse cargo de los sindicados y no se destinen policías para la vigilancia de estas personas. Los policías podrán estar en las calles garantizando la seguridad de los ciudadanos”, enfatizó Ruiz.

Igualmente, en este proyecto se establece el compromiso del Gobierno para radicar ante el Congreso un proyecto de ley que regule las responsabilidades de la nación, los departamentos, municipios y distritos en la generación, operación, mantenimiento y gestión de los centros carcelarios y penitenciarios que permitan cumplir de forma efectiva las penas de prisión y medidas de detención preventiva.

“Tenemos que estar tranquilos frente a este proyecto de ley que es garantista de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero a la vez implacable contra la delincuencia. Quienes no pueden estar tranquilos con la nueva norma son los delincuentes, porque los perseguiremos para combatir la inseguridad que tanto está afectando al ciudadano”, concluyó el jefe de la cartera de justicia.