Enfrentar el crimen trasnacional, un desafío con la reapertura de la frontera

Este artículo se basa en la entrevista de ‘El Mundo es un Pañuelo’ de Radio Nacional de Colombia con Luis Izquiel, abogado penalista, profesor de Criminología en la Universidad Central de Venezuela y coautor del libro ‘Revolución de la Muerte: 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela’. El texto condensa su visión, con perspectiva venezolana.

Entre muchas tareas conjuntas, la reapertura de la frontera colombo venezolana de 2.219 kilómetros terrestres requiere una estrategia de cooperación policial, judicial, militar y de inteligencia para enfrentar con éxito el crimen transnacional.

Una mirada al mapa

El asunto trasciende el interés binacional dada la creciente capacidad de expansión de la mega banda criminal venezolana el ‘Tren de Aragua’ hacia Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Chile. Capacidad de expansión –no de poder de fuego– superior a la de los carteles mexicanos, las maras salvadoreñas o las bandas brasileñas ‘Comando Rojo’ y ‘Comando de la Capital’.

En la frontera binacional tienen presencia territorial y realizan acciones armadas dos de los principales grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que desconocieron el Acuerdo de Paz de 2016 y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), con el cual el gobierno de Colombia retomará diálogos, con la participación del gobierno de Venezuela como país garante.

En el fronterizo departamento de Norte de Santander y la región del Catatumbo el monopolio del crimen se lo han repartido o disputado al menos diez organizaciones criminales –según el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar. ‘Los Rastrojos’, disidencias de las Farc, el Eln, un remanente del Ejército Popular de Liberación (Epl), ‘Los cebolleros’, ‘Los canelones’, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Urabeños’ y las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc).

El Tren de Aragua –cuyo origen y expansión coinciden en el tiempo con la creación de un Ministerio que centralizó la gestión carcelaria, con resultados desastrosos—se ha consolidado especialmente en el Estado Bolívar donde interviene en la minería ilegal; y en el Estado Sucre, cercano a islas de Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe, ha establecido un corredor para el narcotráfico.

Hay evidencia de la participación de policías, militares y funcionarios del Estado venezolano en distintas economías criminales. El caso más conocido es el del llamado ‘Cartel de los Soles’ por el cual Estados Unidos ofrece recompensas por información que permita avanzar en la investigación y en la formulación de cargos a los sindicados.

Además del Tren y de agentes del Estado, en el ‘Arco Minero de Venezuela’ participan otras organizaciones llamadas “sindicatos”, que explotan, controlan y se lucran de las rentas mineras, con la complicidad de algunas autoridades locales, militares y otros agentes estatales.

El año pasado, el Tren de Aragua intentó penetrar a Colombia por el departamento de Arauca, fronterizo con el Estado Apure, pero fue repelido por un grupo disidente de las Farc que mató a alias “El Enano”, quien comandaba la incursión por ese lado de la frontera.

En el eje San Antonio del Táchira-Cúcuta, con “trochas” clandestinas como la de ‘Los Mangos’, el Eln y el Tren de Aragua se han disputado violentamente el control territorial y las rentas de las actividades ilícitas.

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Marca criminal

Aunque las células del ‘Tren de Aragua’ en el extranjero son incipientes y pequeñas –entre 50 y 70 individuos– el ritmo de expansión sugiere que en poco tiempo podría copar otros países, mediante grupos ligados a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El niño guerrero”, jefe máximo del Tren de Aragua, recluido en la prisión de Tocorón (Venezuela).

La expansión se nutre de la experiencia criminal de una década y del comportamiento sanguinario que le ha dado una marca criminal que “mete miedo”. Es posible que la “marca” esté siendo suplantada en algunos lugares por grupos de 20 o 30 criminales que se autodenominen ‘Tren de Aragua’ para provocar terror entre la población y proyectar supremacía ante terceros.

La expansión del Tren de Aragua

La expansión del ‘Tren de Aragua’ podría explicarse por:

• Búsqueda de mercados criminales más rentables en otros países. Dado el empobrecimiento de la población y la larga crisis económica venezolana, sus golpes criminales internos no les generan las ganancias que sí obtienen en el exterior --especialmente en grandes ciudades— con secuestros, extorsiones, microtráfico, trata de personas y el control de la prostitución.

• Miedo a ser ejecutados extrajudicialmente. El sistema judicial es un desastre y el índice de impunidad alto, pero los cuerpos de seguridad tienen fama de realizar ejecuciones extrajudiciales. Cuando por alguna razón algún miembro del Tren de Aragua se convierte en objetivo de los cuerpos de seguridad una buena opción es migrar para evitar que lo maten.

• Búsqueda de alianzas criminales en otros países. Es posible que el Tren haya intentado primero imponer por la fuerza el dominio territorial y el control de economías criminales a grupos venezolanos o colombianos. Lo sugieren la serie de cadáveres encontrados en las calles de Bogotá este año y el reporte de las autoridades sobre la presencia de ‘Los Maracuchos’, banda sobre la cual no hay rastros en el Venezuela.

Retos y acciones

Desmontar el poder de Guerrero en Tocorón

Para la contención del Tren de Aragua el gobierno de Venezuela debería neutralizar el poder de “El Niño Guerrero” en la cárcel de Tocorón e impedirle controlar su red criminal dentro y fuera de Venezuela, como lo pidió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La primera señal en Caracas no fue positiva: Diosdado Cabello se lavó las manos diciendo que el Tren de Aragua en Bogotá es un problema que deben resolver los colombianos.

La solución es más compleja. El poder de Guerrero se alimenta de la permisividad del sistema carcelario con los jefes de las pandillas, de la impunidad judicial y del fracaso de la política penitenciaria –que pasa por la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (2013), después de que Guerrero se consolidara como el “pran” o jefe máximo de Tocorón–.

¿Permitir la consolidación del “pranato” desde 2013 fue una estrategia para que un solo individuo pudiera restablecer el orden carcelario de una manera s expedita?

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Custodiar la frontera y proteger migrantes

Los acuerdos para custodiar el margen fronterizo son prioritarios. La guerra entre el Eln y el Tren de Aragua se explica, en parte, por el control de las trochas, las rentas del tránsito de la cocaína por territorio venezolano y la utilización de pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves.

Abrir los pasos fronterizos tradicionales y bajo control de las autoridades podría acabar con los pagos que recaudan de los migrantes los grupos criminales a ambos lados de la frontera, a cambio de permitirles el tránsito y la movilidad, con todo tipo de riesgos.

Facilitar una migración regular por los puestos fronterizos de los dos países contribuiría a combatir la xenofobia y la estigmatización de la población migrante. Es ínfimo el porcentaje de integrantes del Tren que ha cruzado la frontera, comparado con los siete millones de la actual diáspora.

Fragilidad institucional venezolana

El restablecimiento de las relaciones colombo venezolanos será un proceso de largo aliento que requiere solidez institucional y un esfuerzo excepcional de coordinación, dentro de cada país y entre los dos Estados.

En el campo de la seguridad y la justicia, el escenario institucional venezolano no es alentador. El sistema judicial está secuestrado desde hace 23 años por un partido político. No es un sistema confiable porque está permeado por la corrupción y por la politización de la justicia. Lo mismo acontece en el sistema policial.

Comparando los dos países, la democracia colombiana –con todas sus imperfecciones- funciona medianamente y la legitimidad del gobierno no está en entredicho. ¿Cuál es la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y cuál es la situación de funcionalidad y legitimidad de las instituciones venezolanas?

Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se consolidó una relación atípica entre el Ejecutivo y la Fuerza Armada. Se simboliza en la prolongada permanencia del general Vladimir Padrino en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

¿Es posible que converjan las estrategias de seguridad y defensa de Colombia y Venezuela, a partir de ciertas cercanías ideológicas entre los presidentes? ¿Cuál es la visión de las Fuerzas Armadas frente a la presencia de grupos irregulares colombianos que hacen vida en Venezuela y han tomado su territorio como un aliviadero?

¿Estará dispuesto el gobierno de Venezuela a restablecer la cooperación de agencias extranjeras como la DEA o la colaboración de la policía del Reino Unido que fueron expulsadas del país, a pesar de que su contribución era esencial en la lucha contra el narcotráfico?

Mira aquí la entrevista completa con Luis Izquiel, abogado penalista, profesor de Criminología en la Universidad Central de Venezuela