Reclutamiento forzado: flagelo que afecta al pueblo indígena Awá
Esta fecha nos recuerda, desafortunadamente, la masacre ocurrida el 26 de agosto de 2009 contra el pueblo indígena Awá del resguardo Gran Rosario, ubicado en el municipio nariñense de Tumaco, en donde fueron asesinados 12 indígenas, incluyendo cuatro niños.
Han pasado 14 años y la comunidad Awá, asentada al sur del departamento de Nariño y en una pequeña parte al norte de Ecuador, sigue siendo víctima de grupos armados que amenazan la vida y desplazan a estos indígenas de su territorio.
La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) es una organización que reúne a 32 resguardos en cinco municipios nariñenses: Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Roberto Payán y Samaniego. Está dirigida por líderes Awá que buscan, a pesar de las graves dificultades que enfrentan, el bienestar de su pueblo.
“Mi labor es velar por los derechos de la niñez y la juventud, brindar acompañamiento tanto en el territorio como a nivel institucional en temas relacionados con el reclutamiento forzado y todos los tipos de violencia que afectan a la familia Awá. También buscamos soluciones para las necesidades propias de nuestro entorno y cultura”, señala Dalia Bolaños, consejera de niñez y juventud de la Unipa.
Uno de los delitos más execrables es el reclutamiento forzado de niños, que constituye un crimen de guerra según la legislación nacional y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
En julio de este año, se han presentado más de 50 denuncias por reclutamiento de menores en el Cauca. Según cifras del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), ya se han registrado más de 150 casos de reclutamiento en el departamento durante 2023. Por su parte, a principios de este año, la Defensoría del Pueblo reveló que entre 2021 y 2022 fueron reclutados 213 niños, niñas y adolescentes de la región.
Además de estos 213 casos, la cifra según la pertenencia étnica es la siguiente: seis de comunidades afro, 111 de indígenas y 56 de no étnicos. No se pudo obtener información completa de 40 niños.
'Ha sido bastante complejo abordar y trabajar estos temas porque los grupos armados atraen a los niños y jóvenes ofreciéndoles regalos como celulares y dinero. También los enamoran porque hay jóvenes, mujeres y hombres. Utilizan muchas estrategias para reclutarlos. Para nosotros como organización es muy difícil competir económicamente con ellos. Históricamente, las disputas territoriales también han sido un problema. Hay 32 resguardos en medio de la selva, lo que dificulta el control territorial”, asegura.
Frente a esta situación, la Unipa como organización ha hecho muchas peticiones al Gobierno colombiano para que tome medidas ante la crisis humanitaria que está afectando al Pueblo Awá. También buscan que se acate el Auto 620 de 2017, que aborda la Protección de los derechos fundamentales de indígenas y otros grupos étnicos desplazados por el conflicto armado.
"Además del problema del reclutamiento, también está la cuestión del desminado y el desplazamiento. En estos momentos, muchas familias de cuatro resguardos están desplazadas. Son muchas situaciones que afectan a la niñez. La falta de alimentación también vulnera los derechos de la infancia. Aunque históricamente hemos sido abandonados por el Estado. La ayuda ha sido muy escasa", afirma.
Para visibilizar esta situación no solo en el país, sino también en otros países, la Unipa está preparando una comisión para viajar a España y exponer la realidad que están viviendo debido a la presencia de los grupos armados y al abandono estatal.
"Por nuestra parte, no estamos a favor de la militarización porque implica un riesgo muy alto. Su presencia en el territorio desencadena enfrentamientos y muchas veces nos confina. Las minas también han causado muchas víctimas, incluidos algunos niños. No hay presencia de base militar ni policía. Por lo tanto, el control lo ejerce la guardia indígena, que protege el territorio, las familias e incluso a los animales que viven en los ríos", dice.
A pesar de este panorama sombrío, existen líderes y voluntarios comprometidos con la comunidad que están impulsando proyectos positivos, como el programa de la guardia juvenil. También se organizan actividades deportivas y culturales para el bienestar de los niños y jóvenes, con el objetivo de prevenir casos de reclutamiento.
Además, a pesar de la falta de recursos adecuados, la Unipa organiza otras iniciativas como música, danza, programas de reciclaje y emprendimientos, como floristería y estampado. Estas acciones están empoderando a los niños y jóvenes a través de diversas habilidades.
"El reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en el contexto del conflicto armado es un delito persistente, continuo y en aumento, que necesita ser atendido con urgencia para garantizar la protección de la niñez, prevenir nuevos reclutamientos y asegurar la liberación y restablecimiento de los derechos de aquellos que aún están bajo el control de grupos armados ilegales".
Esta es una de las principales conclusiones del Estudio de Caracterización de Niñez Desvinculada del Conflicto Armado entre 2013 y 2022, presentado en mayo de este año en Bogotá por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El estudio analizó la situación de 2.181 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, atendidos por el Programa de Atención Especializada del Icbf entre 2013 y 2022.
Entre los hallazgos más destacados, el estudio registra un aumento en la inclusión en el programa de desvinculados de niñas, niños y adolescentes de comunidades étnicas, pasando de un 14 % a un 34 % en población indígena y de un 12 % a un 17 % en población afrocolombiana, en ambas caracterizaciones.
Según el estudio realizado con la niñez desvinculada, los departamentos que más casos de reclutamiento registraron en este período fueron: Antioquia (13,94 %), Chocó (13,25 %), Cauca (12,93 %), Nariño (10,82 %), Caquetá (8,48 %), Arauca (5,87 %), Meta (5,59 %) y Putumayo (5,14 %). En términos de municipios, Tumaco, en Nariño, fue el lugar donde se registraron más reclutamientos, seguido de Cáceres (Antioquia) y Tadó (Chocó).
'Este es un tema bastante difícil para nosotros porque no contamos con un refugio donde podamos trabajar con todo el talento humano, una ruta propia y un enfoque diferencial. Hemos intentado colaborar con el Icbf y la Unicef, pero no se ha ajustado a la vivencia real que debíamos tener. Por ejemplo, cuando un niño está en riesgo o regresa al territorio después de ser reclutado, no recibe atención psicosocial en su propio idioma”, concluye Dalia Bolaños.
Martha Lucía Ortiz es la directora del Centro Educativo Indígena Awá "El Verde Resguardo el Gran Sábalo", en Tumaco. Tiene a su cargo 12 sedes educativas donde se atiende a más de 460 estudiantes, desde preescolar hasta noveno grado.
"La situación que atravesamos ha sido bastante difícil. Carecemos de muchos servicios básicos en cuanto a vías, conectividad y electricidad. Esto dificulta la atención en las sedes educativas y la posibilidad de los estudiantes para acceder a la educación y la pedagogía. La deserción escolar es alta debido a que muchos estudiantes deben caminar más de una hora, cruzando ríos y quebradas, a veces intransitables", señala Martha.
Además, Martha menciona que el apoyo para la niñez y juventud indígena por parte de los presidentes anteriores ha sido nulo. Esperan que el nuevo Gobierno escuche sus peticiones, ya que la situación es bastante crítica.
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En cuanto a la salud, se presentan muchos problemas respiratorios debido a las condiciones húmedas de la selva y a la creciente contaminación. Esto ha tenido un impacto significativo en la niñez. En este momento, los jóvenes están en riesgo inminente debido a que están siendo reclutados y asesinados. Esto provoca deserción escolar y hay muchos suicidios", concluye Martha Lucía Ortiz.
El pueblo Awá, cuyo nombre en lengua Awapit significa "gente de la montaña", está compuesto por alrededor de 30,000 indígenas. Su subsistencia depende de la caza, recolección y pesca. En el contexto del conflicto armado, las familias no pueden salir a buscar su sustento diario, lo que resulta en una alta desnutrición. Además, debido a su condición de territorio de conservación, la producción de alimentos es limitada en esta zona selvática.
