Los avances e impedimentos en la implementación del acuerdo de paz

Por: María Camila Sánchez

La semana pasada se cumplió el primer año desde que la guerrilla de las Farc entregó sus armas. Oficialmente, el grupo armado más antiguo de la región desapareció para iniciar su tránsito a la política. Construir la paz es un reto del Estado proyectado a 15 años, pero en los primeros meses de implementación los retrasos son evidentes en varios frentes provocados, en su mayoría, por las dificultades para llevar la institucionalidad a las zonas más afectadas por el conflicto y cumplir con llevar la presencia del Estado por primera vez a muchas regiones del país.

El acuerdo de paz pactado con las Farc ha dejado evidentes resultados, el más importante, haber salvado tres mil vidas desde que se pactó el cese al fuego bilateral y llevar a 345 mil miembros de la Fuerza Pública a 652 municipios priorizados en donde la guerra fue una constante.

Estas son algunas de las cifras que destaca el más reciente informe del Gobierno sobre los avances en la construcción de paz a junio del 2018, en el que además, exalta que en un tiempo récord e histórico se desarmó la guerrilla más antigua del continente.

No obstante, varios informes realizados por centros de pensamiento, universidades y organizaciones que han seguido de cerca la implementación del acuerdo, llaman la atención en los retrasos que tiene su cumplimiento, particularmente en el desarrollo territorial y tierras, proyectos colectivos y protección a líderes sociales.

Seguridad

Uno de los logros más significativos es que, según el Gobierno, la dejación de armas se cumplió en nueve meses, cuando se inutilizaron 8.994 armas de fuego, de las cuales 7.756 fueron entregas a Naciones Unidas y 1.238 fueron incautadas en diferentes caletas.

El informe oficial destaca que por el acuerdo de paz hay garantías en seguridad para las comunidades y líderes sociales, evidenciando que se han salvado más de tres mil vidas desde que se pactó el cese al fuego bilateral y se firmó el Acuerdo de Paz, y se reformuló el Plan Horus que tiene proyectado hacer presencia en 13 departamentos, 93 municipios, 575 Veredas, 1 Golfo y 14 ríos.

Específicamente, para garantizar la seguridad de los líderes, el Gobierno creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de diseñar y poner en marcha estrategias que impacten a las organizaciones criminales causantes de los ataques a los líderes sociales, instaló el Puesto de Mando Unificado y un equipo élite de la Policía Nacional dedicada a los casos contra los líderes. Según la Unidad Nacional de Protección, a junio de 2018, 3.665 líderes sociales y 243 integrantes del partido político Farc y/o excombatientes de las Farc contaron con la atención de la Unidad.

No obstante, el frente de seguridad es uno de los que más preocupa a la Fundación Paz y Reconciliación, que en su informe ‘18 Meses Después…Cómo Va La Paz’ indica que el acuerdo disminuyó las muertes violenta, pero incrementó la violencia selectiva contra los líderes y defensores.

“Mientras que en 2012 organizaciones advirtieron sobre la muerte de 69 líderes sociales, en 2017 la Fundación Paz & Reconciliación - Pares reportó 102 homicidios contra esta población y en lo corrido del 2018 se han reportado 36”, señala el informe.Además, advierte que en algunas zonas dejadas por las Farc hay problemas delicados de seguridad. “De los 242 municipios donde operaban las Farc hay un grupo de 78 municipalidades con problemas graves de seguridad. Allí se ha presentado un copamiento criminal que se ha dividido en tres categorías. A. Disidencias de las Farc, B. Expansión Eln, C. Expansión Grupos Armados Organizados (GAO)”.

Las áreas más problemáticas son el Pacífico nariñense y caucano (dice el informe que allí se vive una verdadera guerra civil), el bajo Cauca antioqueño y nordeste de Antioquia, el Sur de Meta y Guaviare y la región del Catatumbo.

Desarrollo territorial y tierras

En múltiples oportunidades delegados del Gobierno insistieron en que la construcción de la paz se hace desde los territorios y por ello le han prestado tanta atención a la puesta en marcha de los Consejos Territoriales de Paz, con los que buscan que las mismas comunidades sean las protagonistas de los programas del posconflicto a implementar en sus territorios.

El Gobierno indica que en Inversión social e infraestructura hay varios avances como la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs) en agosto de 2017, 6 Planes de Acción para la Transformación Regional de los 16 planteados, y una inversión total para la planeación participativa de $95.000 millones.

Añade que a través de las Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PICs) se están desarrollando más de 1.800 proyectos en 52 municipios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y que mediante el Plan 50/51, a la fecha se han suscrito 50 convenios con los municipios para el mejoramiento de 2.309 kilómetros de vías terciarias con una inversión de $50.650 millones de pesos. “De los 2.309 km, ya han sido intervenidos 1.708 km”, destaca el Gobierno.

Frente a esto, Paz y Reconciliación indica que “los programas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de cultivos Ilícitos (PNIS), no logran dar respuesta a las problemáticas inmediatas de las comunidades (…) El Plan de vías terciarías sigue a medias y las PIC o Pequeña Infraestructura Comunitaria no han generado los impactos esperados. Las comunidades se sienten abandonadas”.

Para la Fundación, hay una fuerte incertidumbre sobre el financiamiento de los PDETs y los Programas más avanzados por ahora son Arauca, Sur del Tolima y Urabá Antioqueño, mientras que en el Pacífico Medio y Chocó se registran avances casi nulos. “Las complejidades territoriales han impedido que se pueda llevar a cabo la metodología dispuesta por la ART, por lo que fue necesaria su reestructuración”.

Sobre tierras, una de las prioridades de la construcción de paz, el Gobierno indica que en 23 meses de trabajo, la Agencia Nacional de Tierras legalizó y formalizó 1.572.955 millones de hectáreas (de la meta de formalización de 7 millones de hectáreas establecida en el Acuerdo de Paz), beneficiando a 42.000 familias, y que se han adjudicado 34.000 terrenos baldíos a familias campesinas pobres, muchas de ellas víctimas del conflicto. Para este año proyectan adjudicar 55.200 baldíos.

Añade que se han entregado 1.270 títulos a familias campesinas vulnerables al fenómeno de los cultivos de uso y se están haciendo las inversiones para impulsar el desarrollo en el campo como el Tercer Censo Nacional Agropecuario, la creación del Viceministerio de Desarrollo Rural y la Dirección de la Mujer Rural.

Destaca además que se han restituido 300.000 hectáreas de tierra, beneficiando a 38.307 personas y que a la fecha han sido invertidos 234.000 millones de pesos en proyectos productivos, beneficiando a más de 30.000 personas.

Un estudio realizado por 40 universidades públicas y privadas del país denominado ‘De acompañamiento a la implementación del acuerdo final’, advierte que la reforma rural integral (punto número 1 del acuerdo) es el que mayores retrasos presenta con un avance del 13,86 por ciento, seguido por la solución a la problemática de las drogas ilícitas con un avance del 23,94%.

La Organización de Estados Iberoamericanos apoyó este informe advirtiendo que la razón de estos retrasos es la ausencia de un documento conpes, ante la evidente falta de presupuesto, planes y concertación para su avance. Además, consideró que los PDETs deberían ser implementados en las zonas con cultivos ilícitos o de lo contrario, la reducción en estas hectáreas no será la esperada.
Según este informe, los PDETs no han tenido el avance esperado por la presencia de actores criminales que instan a las poblaciones a no vincularse a estos programas, lo que se suma a la falta de concertación entre las autoridades y las comunidades indígenas y afros.

Reincorporación

Como parte de los logros de la reincorporación el Gobierno destaca que se realizó un censo socioeconómico, educativo y de salud a 10.015 excombatientes, 12.972 personas fueron acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se desarrolló el proceso de inclusión financiera con el Banco Agrario de Colombia con el que se abrieron 12.459 cuentas de ahorro.

Además, hay 12.292 personas con una asignación única de normalización (dos millones de pesos), a la fecha se han realizado 11 pagos correspondientes a la renta básica de subsistencia (90% del salario mínimo), en el último mes ese pago lo recibieron 11.869 excombatientes.

Indica que 214 iniciativas productivas o proyectos productivos se han identificado en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que se ha puesto en marcha una estrategia de respuesta rápida denominada Autoabastecimiento.

Añade que 42 proyectos productivos se han priorizado en la ruta colectiva en 9 departamentos del país en el sector primario, beneficiando a más de 1.500 excombatientes, 7 proyectos presentados por cooperación nacional e internacional aprobados en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), de los cuales 6 han sido aprobados y 36 emprendimientos se han priorizado entre ETCR y asentamientos.

Pese a estos avances, la Fundación Paz y Reconciliación en su informe de balance asegura que “la política de reincorporación afronta problemas complejos, apenas han sido aprobados dos proyectos productivos para exguerrilleros, muchos aún no están bancarizados y no hay tierra para desarrollar las diferentes iniciativas de desarrollo económico”.

La Fundación indica que de la política de reincorporación lo que medianamente marcha bien es el político y que los otros pilares (jurídico, socioeconómico y seguridad) “son un gran desastre. Por ejemplo, sólo hay un proyecto productivo aprobado para excombatientes que vincula apenas 70 personas. La titulación de tierras ha sido un gran problema, entre otras”, señala.

Las razones del Gobierno

Superar más de cincuenta años de conflicto armado con las Farc no es cuestión de sólo haber dejado las armas y garantizar su participación política; se trata de saldar infinitas deudas del Estado con las poblaciones más apartadas y por ende, más afectadas por el conflicto, en donde por décadas o por siglos, el Estado jamás ha hecho presencia.

Este es, según el Gobierno, el reto más complejo que ha debido enfrentar el Gobierno en la implementación del acuerdo, sumado a que el país aún no ha entendido la importancia de unirse en el mismo propósito de construir la paz.

“Todos quisiéramos que los resultados fueran mucho más rápidos y que temas como los proyectos productivos se resolvieran mucho más rápido, pero sería irresponsable entregarle un monto de dinero para proyectos productivos a excombatientes que no sepan leer, que no saben escribir. La idea es entregarle recursos que tengan un grado de sostenibilidad y éxito, por eso nos hemos concentrado en capacitarlos primero”, explicó Jefferson Mena, coordinador de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR.

Para el Gobierno, las labores no avanzan a la velocidad esperada por las dificultades que ha suscitado la implementación misma y fenómenos como las disidencias, los grupos armados organizados que impiden su progreso, la presencia de cultivos ilícitos, entre otros factores. Aunque el Gobierno reconoce que no se está en donde se quisiera en el avance de la implementación, ya el país no está en donde estaba.

“Con 53 años de conflicto, no podemos esperar que en año y medio todo sea color de rosa. Debo reconocer que tenemos un Estado paquidérmico, lento en operar; y en estas zonas donde están ubicados los ETCR el Estado nunca hizo presencia y este es uno de los grandes retos porque es empezar a construir desde carreteras que hace algunos años eran impensables”, dijo Mena.

Uno de los programas de mayores retos ha sido el de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y para su director, Eduardo Díaz, las dificultades radican en cuatro aspectos: cambiar la vida de comunidades enteras a través de cultivos lícitos, la desconfianza que la guerra generó entre estas comunidades y las instituciones, son territorios alejados y pobres en donde pesan los intereses de las redes criminales, e identificar por qué las tareas de sustitución no son sencillas.

“Es un esfuerzo gigantesco que ha asumido el país en el marco del acuerdo de paz y que debe continuar; el peor error es que todo lo que hemos avanzado lo echen para atrás”, dijo Díaz.
Por lo anterior, el Gobierno asegura que el reto más grande es unir al país en torno a la paz y confían en que este propósito lo alcanzará el presidente electo Iván Duque, de quien esperan avance con lo implementado y mejore aquellas falencias en donde este gobierno saliente no pudo tener mejores resultados.