El 9 de agosto del año 2001, en el departamento de La Guajira una comunidad integrada por aproximadamente 1.200 personas de la etnia afrodescendiente dejó de existir.
Se trata de Tabaco, un pequeño caserío en la Serranía del Perijá, fundado en 1780 por negros africanos, y que gracias a la pujanza de su gente logró constituirse como un corregimiento que hizo parte del municipio de Hatonuevo.
“En Tabaco vivíamos sabroso, tranquilos, esa era una tierra muy próspera, la gente trabajaba la ganadería, agricultura, la pesca; éramos muy unidos y solíamos celebrar las navidades y las fiestas patronales de San Martín de Porres, para esos días de noviembre recibíamos invitados de toda la región” recuerda con nostalgia la señora Juana Díaz, quien nació y habitó en Tabaco.
Entre los tantos forasteros que llegaban al pueblo, recibieron la visita de unos hombres altos, blancos, “de buen ver” como dicen las matronas guajiras, y con un español que poco lograban entender.
“Hablaban inglés, y a veces algo de español” dice Luis Carlos Romero y lo tiene muy claro, porque su padre era el propietario de la tienda de Tabaco, y ese fue el escenario donde los extranjeros lograron establecer relaciones con la comunidad.
Aquellos hombres, dialogaban en representación de las empresas asociadas Carbocol e Intercor, las cuales desarrollaban el proyecto de minería a cielo abierto en La Guajira, actualmente lo que se conoce como Cerrejón.
“Nos fueron persuadiendo, hablaban de un futuro lleno de prosperidad para la gente; allí en Tabaco se establecieron, arrendaron tierras y contruyeron una pista donde aterrizaban sus aviones. Caracterizaron a la comunidad, y luego nos llegaron con el discurso que teníamos que vender nuestros predios porque nunca íbamos a tener otra oportunidad como esa, de recibir los recursos que nos ofrecían”.
Algunas personas hicieron tratos con los extranjeros, pero los Tabaqueros que se mantuvieron firmes en su tierra y se negaron a recibir cualquier tipo de dádivas a cambio de salir del pueblo, fueron objeto de suspensión de los servicios públicos, les cerraron el paso para que no pudieran llegar al arroyo de donde se abastecían de agua, les confiscaban sus animales, entre otras tantas situaciones que explicó el señor Emilio Pérez.
“En 1998, nos hicieron llegar unas cartas donde nos decían que si no firmábamos nos iban a desalojar de nuestras casas, y que lo mejor era que evitáramos problemas” asegura Luis Carlos Romero.
En medio de los hostigamientos, la comunidad de Tabaco hizo todo lo posible por mantenerse fuerte y con la convicción que recobrarían la paz, la tranquilidad y la libertad que por años habían vivido, hasta que llegó ese 9 de agosto de 2001.
“Ha sido el día más doloroso en la vida de los tabaqueros, ese día nos fueron violados todos nuestros derechos. Una funcionaria de la justicia llegó con una orden de desalojo del pueblo, con ella funcionarios de la alcaldía de Hatonuevo, el ICBF, entre otras entidades, además, más de 700 hombres del Ejército y la Policía que arremetían contra la gente, mientras que máquinas pesadas arrasaban con todo sin importar lo había su paso y eso incluía a la gente” cuenta con la voz quebrada Samuel Ojeda, líder de la comunidad.
También narró que varios hombres resultaron heridos, a las madres les decían que colaboraran o les quitaban a sus hijos. Escuela, iglesia, cementerio, puesto de salud, cancha deportiva, y las casas de las 400 familias que vivían en Tabaco fueron desaparecidas.
“La gente tuvo que emigrar a fincas vecinas y a otros municipios sin nada; nosotros vivimos un hecho más cruel que el desplazamiento por balas, porque cuando a ti te desplazan por conflicto armado tú puedes en algún momento mirar hacia atrás y poder retornar, pero este desplazamiento por causa de la minería no nos permite volver, ya no está ese Tabaco que me vio nacer y crecer” dice Samuel.
En lo que fue Tabaco, continuó el proceso de expansión minera en La Guajira, y aunque ya no hay ese campo verde donde los hombres salían pastorear y sembrar, y en el arroyo ya no se ven a las mujeres que en grupo llegaban a lavar la ropa, para los tabaqueros el pueblo sigue vivo.
“Han pasado 20 años, mantenemos a Tabaco en nuestra mente y nuestro corazón, no lo hemos dejado morir, por eso emprendimos una lucha jurídica para exigir nuestra reubicación, los daños psicológicos son irreparables, afectaron nuestro arraigo, pero soñamos con volver a reconstruir algo de ese pueblo unido y bonito que fuimos” asegura Samuel Ojeda.
Como parte de esas acciones jurídicas, en mayo de 2002 la Corte Suprema de Justicia ordenó a la empresa Carbones de Cerrejón y la Alcaldía de Hatonuevo la reubicación de la comunidad, a través de la sentencia T-329/17 fueron tutelados los derechos fundamentales de la comunidad de Tabaco, en especial el derecho a una vida digna y un mínimo vital.
“Hasta el momento ninguna de las órdenes se ha cumplido, la comunidad sigue en el desplazamiento, se conformó la junta pro reubicación de Tabaco la cual se ha mantenido dispuesta al diálogo tanto con Cerrejón como con la Alcaldía y demás instancias, pero nada ha pasado, por eso solicitamos que los organismos de control fueran parte del proceso”.
La gente de Tabaco no pierde la confianza, dicen que con la pandemia la crisis para ellos ha sido más difícil de sobrellevar, sin embargo, mantienen la esperanza que, transcurridos 20 años, esté cerca el momento en que todos los tabaqueros se puedan reencontrar, y en conjunto como lo hicieron en 1780 sus ancestros africanos, volver a reconstruir ese lugar donde reinaba la paz, la alegría y la unidad.