Mientras gran parte del país celebraba la salida del último contenedor con armas y municiones, desde Pondores, La Guajira, líderes de las Farc hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad de los cientos de integrantes de ese grupo en tránsito a la política.
Jesús Santrich, vocero de las Farc, habló con Radio Nacional de Colombia sobre la sensación de inseguridad presente al interior de la organización y las denuncias de asesinatos de excombatientes, incluso en sectores cercanos a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.
También se refirió a la entrega de bienes y a lo que las Farc esperan de su participación en política.
¿Cómo avanza el proceso de construcción del partido político de las Farc?
Avanza por un camino bastante tortuoso. Más allá de que haya una voluntad política férrea para sacar adelante el proceso hacia la conquista de la paz, hay muchos obstáculos: hay inseguridad jurídica, personal y socioeconómica para los excombatientes que pasan a la legalidad y también para la base social en Colombia. El hacer mayor que hay es la voluntad de paz y la determinación de conquistar un escenario de reconciliación para los colombianos por parte de las Farc.
¿Preocupaciones en temas de seguridad?
Siempre hemos tenido preocupaciones, desde antes, durante las conversaciones y ahora. Hay mucho incumplimiento, empezando por las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. En la mayoría de los puntos no se ha terminado la construcción de los campamentos.
¿Qué visión de seguridad tienen las personas que están en los territorios donde históricamente las Farc han tenido presencia?
De diciembre para acá, más de 120 líderes sociales han sido asesinados; de ellos, nueve eran integrantes de las Farc indultados. Entre esas personas también están familiares de esos excombatientes. Casi que están sitiadas algunas de las zonas y puntos veredales por el paramilitarismo.
Este fenómeno también ha copado algunas zonas donde nos hemos replegado para llegar a las zonas veredales. Eso da un ejemplo preciso de que la seguridad no es afortunada; por el contrario, no hay acciones fácticas, concretas, contundentes que permitan visualizar el fin del fenómeno paramilitar.
La seguridad hace falta incluso en los escenarios comunitarios. Muchas comunidades se encuentran amenazadas por el paramilitarismo.
¿Y las garantías de seguridad establecidas en el acuerdo?
En el acuerdo hay un sistema integral de seguridad bastante completo, si se cumple estaríamos ante un sistema que puede prevenir y generar confianza en las comunidades. Pero no se trata solo de la seguridad personal de los integrantes de las Farc como nuevo partido, sino de sus familias y sobre todo de las comunidades.
En materia de seguridad hay muchos elementos que desafortunadamente no se han podido conjugar todavía. Un factor importante en la negociación del acuerdo fue la creación de la Unidad Especial de Investigación y Desmonte del Paramilitarismo pero ha tenido todas las obstrucciones imaginables e inimaginables por parte de la Fiscalía.
La seguridad no se puede reducir solo a la implementación de esquemas, hay aspectos de orden social y de orden económico que son los que dan la garantía para la seguridad de los territorios y para las comunidades.
¿Cómo avanza el proceso de entrega de bienes y reparación de víctimas?
Ese fue un punto importante en el que las Farc se comprometieron. Ya hemos cumplido con el inventario de bienes, lo que está en las caletas se encuentra en procedimiento de extracción por parte de las Naciones Unidas.
Estamos haciendo reconocimiento de nuestras fallas y errores, de hechos graves que hemos cometido durante más de medio siglo que ha durado esta confrontación. Nuestra disposición es absoluta, un ejemplo es el caso de Bojayá y el acto con familiares de los diputados en el Valle. Nosotros tenemos una actitud abierta, no porque sea algo impuesto, sino porque es un deber nuestro con la verdad.
¿Qué espera las Farc que no se repita en comparación con eventos del pasado?
Es fundamental que se corrijan los problemas estructurales de desigualdad, de miseria y de exclusión política. Que el bloque de poder dominante de verdad abra un escenario de participación ciudadana y que se establezca la justicia social. Que no se repitan las causas que han generado la confrontación.
El Estado se ha negado a reconocer la existencia de la guerra sucia del paramilitarismo. Ese fenómeno tiene que ser desarticulado porque si no, nos vamos a ver abocados a una repetición, quizás peor, de lo que ocurrió con la Unión Patriótica. Eso ya está ocurriendo con dirigentes populares de Marcha Patriótica.
Mientras el Gobierno Nacional mira hacia Venezuela y critica el gobierno de Nicolás Maduro, deja de mirar hacia la situación social que se vive en el Cauca o el Chocó.
Proyectos educativos y productivos para las Farc
Devenido del acuerdo todavía no hay nada, hay acciones asistencialistas con el fin de decir que se está haciendo algo, pero además de haber inseguridad jurídica y personal, hay inseguridad socioeconómica. Los proyectos sociales y económicos de reivindicación para quienes dan el paso a la legalidad no han iniciado. El proceso de reincorporación va a paso de tortuga con artritis. No hay ni siquiera tierra para adelantar los proyectos productivos.