La Procuraduría General de la Nación advirtió a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que es inaplazable la socialización del proyecto “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique” con las comunidades de Sucre, Atlántico y Bolívar, y enfatizó en la importancia de adoptar un verdadero mecanismo de participación que sea permanente e incidente en todas las etapas de la ejecución de esta iniciativa que tendrá un valor superior a 3.2 billones de pesos.
En mesa de trabajo convocada por el órgano de control para que los funcionarios de la ANI y el comité evaluador resolvieran los requerimientos enviados en meses pasados, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero, reiteró las recomendaciones y observaciones que tiene la Procuraduría sobre el proyecto, y expuso las inquietudes que ha recibido de la comunidad, luego de realizar diversas mesas de trabajo y acompañamientos por las preocupaciones que han planteado.
En el comunicado advierte que “desde el mes de octubre de 2021 y por peticiones elevadas por la ciudadanía, este órgano de control adelanta acción preventiva en vigilancia al desarrollo del proyecto Canal del Dique, en aras de velar por la garantía del derecho a la participación, a gozar de un ambiente sano y a la prevención de desastres”.
Termina diciendo que luego de escuchar y de evaluar las respuestas presentadas, la Procuraduría alertó sobre ausencia de acciones de mitigación y/o compensación para el corregimiento de Bocacerrada en San Onofre, Sucre, mismas que ya están previstas para la planta La Camaronera, por lo que requirió remitir las explicaciones sobre las razones por las cuales se planea privilegiar las obras de protección para un sector y no para otro.