Sobre las 10 de la mañana de este viernes, la comunidad del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Urías Rondón, fue atacada con ráfagas de fusil por dos personas desconocidas que se movilizaban en motocicletas, según confirmaron las autoridades.
Representantes de los excombatientes señalan que el atentado ocurrió mientras los firmantes de paz se desplazaban en una caravana humanitaria desde el sector de Playa Rica (Meta), con destino al municipio de El Doncello, en Caquetá, donde buscan continuar su proceso de reincorporación tras recibir amenazas contra su seguridad en el sur del Meta.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Consejo Nacional de Reincorporados - Comunes, durante el ataque fue incinerado un camión que transportaba líneas productivas y enseres de los excombatientes. Así mismo, señalaron que la caravana quedó dividida y las personas aisladas, por lo que hacen un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional por el riesgo que representa esta situación para la vida de quienes se están desplazando.
Por su parte, Vicente Vargas, líder de la comunidad de firmantes de paz, denunció que el Gobierno Nacional incumplió con los protocolos acordados para el traslado desde Playa Rica (Meta), lo que habría agudizado la situación de riesgo en la que ya se encontraba el colectivo. “Responsabilizamos al Gobierno porque no cumplió con el horario. La salida era a las 5:00 de la mañana y aunque eran las 9: 00 todavía no arrancaban. Seguimos responsabilizando al Gobierno porque hace tiempo veníamos diciendo las novedades que había en la zona y nunca nos pusieron atención”, destacó.
Por el momento, los excombatientes y sus familias entre las que se encuentran: 31 menores de edad, seis personas en condición de discapacidad, una madre gestante y dos adultos mayores, continúan en el lugar donde ocurrieron los hechos, tratando de despejar la vía sobre la que quedó incinerado el vehículo, para continuar con el trayecto.
De acuerdo con el General Sergio Tafur García, comandante del Comando Conjunto Numero 3, aunque la comunidad de excombatientes estuvo en desacuerdo con militarizar la zona, transportarse en helicópteros y contar con acompañamiento de escoltas, indicando que esto representaría riesgos para su integridad, el comandante aseguró que el Ejército dispuso de 300 uniformados en puntos considerados como críticos sobre la vía que conduce del sector de Playa Rica hasta San Vicente del Caguán, a fin de resguardar la seguridad de los firmantes de paz.
Además, Tafur anunció que tras el ataque se inició el desplazamiento de más tropas hasta el sector para reforzar el acompañamiento a la caravana. Por su parte, Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), aseguró que una vez fortalecidas las medidas de seguridad, el desplazamiento de la comunidad continuará hasta el municipio de El Doncello. Una vez en el lugar, los excombatientes y sus familias serán ubicados en el predio San José, un terreno de 70 hectáreas que fue entregado para que continúen su proceso de reincorporación.
Leonardo Díaz, coordinador de Indepaz señaló que esta situación evidencia la ausencia de garantías de seguridad por parte del Gobierno hacia los firmantes del acuerdo de paz, “es importante resaltar que este desplazamiento forzado se da por la falta de implementación integral del acuerdo de paz en especial en lo relativo a salvaguardar la seguridad de los excombatientes”, indicó.
Por su parte, Rodrigo Londoño, director del partido Comunes, elevó un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales, a la iniciativa Defendamos la Paz a acompañar este proceso “Colombia y la comunidad internacional no pueden permitir que los violentos desangren el sueño de paz de los colombianos”, enfatizó.