La Cancillería colombiana manifestó este jueves su rechazo al incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que se han venido presentando en Venezuela.
"El acoso sistemático a líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, llevan al Gobierno Colombiano a reiterar el llamado a las autoridades venezolanas a que se respeten integralmente sus derechos", expresó la Cancillería colombiana en un comunicado.
"Colombia (...) insta a las autoridades venezolanas para que en todo momento y circunstancia brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política y la movilización social, como elementos fundamentales del conjunto de derechos civiles y políticos en cualquier democracia", agrega el texto.
El equipo de Machado denunció en la red social X que la motocicleta en la que se transportaba la dirigente fue interceptada y se "la llevaron retenida por la fuerza".
Durante la breve detención fue "forzada a grabar varios videos y luego fue liberada".
El candidato opositor en los comicios del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, quien reclama su triunfo en los comicios de julio, había exigido su "liberación".
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Pero el gobierno de Maduro asegura que estas denuncias son "un invento, una mentira".
Algunos gobiernos y expresidentes de la región y el mundo rechazaron la detención y cerraron filas junto a Machado.
El miércoles el presidente Gustavo Petro anunció su decisión de no asistir al acto de investidura. En representación del mandatario izquierdista asistirá el embajador en Caracas, Milton Rengifo.
Por au parte, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, expresó la noche del jueves una "profunda preocupación" ante el "incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los derechos humanos" en el país vecino, cuyos resultados electorales Colombia no reconoce al considerar que "no fueron unas elecciones libres", dijo.
Pero Murillo insistió en mantener "responsablemente" la diplomacia bilateral. "Romper relaciones con Venezuela no sirve de nada y afecta a todo el país", añadió en especial a los habitantes de la conflictiva frontera común de 2.200 kilómetros, donde operan grupos armados como la guerrilla del ELN.
Caracas es sede de las negociaciones entre el gobierno de Colombia con esa y otras organizaciones alzadas en armas.