Son 25 comunidades étnicas, seis de ellas indígenas, las que han tenido restricciones por parte de los grupos ilegales, para realizar sus actividades económicas.
Roger Pastor Mosquera fue condenado a 10 meses y 21 días de prisión, por autorizar el pago de las cesantías a funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental que no cumplían con los requisitos.
