“Defendemos la hoja de coca porque no tenemos otra opción”: comunidades en Putumayo

Las comunidades campesinas e indígenas de las veredas El Yarumo y Simón Bolívar del municipio de Orito, y de las veredas La Paila, Villa Marquesa y del Corredor de la Carmelita en Puerto Asís, denunciaron ser víctimas del uso excesivo de la fuerza por las tropas encargadas de las tareas de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en el mes de septiembre. Las autoridades locales y las organizaciones sociales han evidenciado los hechos.

El alcalde de Puerto Asís, Fernando Castillo; el personero municipal de Orito, Felipe Buchely; voceros de las organizaciones sociales como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC, la Red de Derechos Humanos del Putumayo, la Baja bota Caucana y Jardines de Sucumbíos y la Asociación Campesina del Sur Oriente de Puerto Asís Acsomayo y el asesor de Derechos Humanos de la Gobernación del Putumayo, han recibido las quejas de las comunidades tras las acciones de la fuerza pública en medio de los cultivos de coca.

Eder Jair Sánchez, vocero en el Putumayo de ANUC, dice que “el programa de sustitución de cultivos de coca atendió 20 mil familias, donde el 60% tenían cultivos, un 20% no tenían cultivos de coca y otro 20% eran los mal llamados raspachines o recolectores de hoja de coca, hasta el año 2018. Las comunidades que no hacen parte del plan de sustitución reclaman al gobierno nacional ser incluidos y recibir los beneficios económicos.

Expresó el vocero de ANUC que en los Estados Unidos “un número importante de congresistas de ese país pidieron quitar la ayuda económica a Colombia porque ven que la coca sigue llegando a ese país y no hay controles, además el precio sigue siendo alto y se agudiza el conflicto armado interno del país porque sabemos que los actores armados prácticamente tienen ocupada la zona rural”.

Esos reclamos en los Estados Unidos también están relacionados a los informes sobre la violación de los derechos humanos que se han denunciado por parte de los veedores internacionales como la MAPP-OEA y la ONU, a quienes las comunidades siempre han solicitado hacer presencia en las misiones humanitarias y de verificación, cuando se elevan las denuncias al resultar personas heridas en las confrontaciones.

Comisión humanitaria

Un recorrido por las diferentes comunidades que reportaban confrontaciones con la Policía Antinarcóticos en medio de los cultivos de coca, inició la comisión humanitaria que conformó el alcalde de Puerto Asís, el secretario de Gobierno, voceros de las organizaciones sociales e integrantes de la comunidad, y se dieron a la tarea de visitar al menos tres regiones entre ellas la de Villa Marquesa, frontera con Ecuador; La Paila al noroccidente del municipio y al Pueblo Awá del corredor petrolero Puerto Vega -Teteyé.

El alcalde de Puerto Asís se refirió a los hallazgos de la comisión humanitaria que lideró donde “encontramos personas heridas y hubo confinamiento de niños y mujeres. La comunidad informó que la Policía Nacional y el Esmad realizaron tareas de erradicación. Estuve en una vivienda donde habitan dos adultos mayores. Pudimos ver que uno de ellos tiene dificultades de movilidad, allí recogimos 16 granadas lacrimógenas en solo dos metros alrededor de esta casa, que también tiene impactos en el techo”, dijo el alcalde.

Testimonios de los campesinos que regularmente solicitan que no sean revelados sus nombres, están acompañados de tristeza e indignación, porque pretenden defender los cultivos de coca ante la falta de respuesta del gobierno nacional, porque según sus versiones no los incluyen en los programas voluntarios de sustitución. Sostienen que la coca es el único sustento de sus familias.

En la vereda Villa Marquesa, en límites de la frontera con Ecuador, una mujer contó lo sucedido.

“Estuvimos en la casa cuando al momento del desayuno, sentimos que venían los helicópteros y cuando yo le dije a él ¡ay Dios mío! qué pasará, que irá a pasar. Cuando miramos que los helicópteros llegaron por todas partes y nos rodearon. Ellos vienen a erradicar, respondió mi hija, y es lo único que tenemos. Después, ellos la intimidaron, la mancillaron y ante su reclamo por la situación, ellos se la llevaron”.

¿Qué dicen las autoridades regionales?

Las autoridades regionales también han venido atendiendo los diferentes llamados de parte de las comunidades de los ocho municipios donde hay presencia de cultivos de coca en el departamento. Y es esa la función que cumple hoy el asesor de Derechos Humanos de la Gobernación del Putumayo, Javier Rosero Pai.

Rosero, quien estuvo en la vereda Villa Marquesa, dijo que “no hubo confrontación básicamente. Fue un ataque contra la población con disparos de gases lacrimógenos, me cuentan que los disparos eran de arma de fuego efectivamente. Pudimos constatar y verificar en sitio, no solamente el tema de la erradicación, sino que hubo efectivamente una violación al principio de los derechos humanos de la distinción de la población civil”.

En representación del Ministerio Público son las personerías municipales que han recibido las quejas y confirman en terreno las acciones que son denunciadas por los campesinos e indígenas, como es el caso del municipio de Orito. Las organizaciones sociales generalmente elevan sus comunicados y peticiones, pero en este caso es el servidor público quien acompaña las comisiones humanitarias para evidenciar lo sucedido.

Para Felipe Buchely, personero Municipal de Orito, “los cultivos de uso ilícito se concentran en nuestro municipio, especialmente en las nueve inspecciones que la componen que son zonas que históricamente han sido marcadas por el conflicto como son Siberia, Portugal, San Juan Vides, Simón Bolívar y Buenos Aires, donde se han convertido en escenarios de confrontación entre las comunidades y la fuerza pública. Hay comunidades campesinas y étnicas que han resultado afectados y lesionados en medio de estas confrontaciones.

“Cuando se presentan estos escenarios llegamos a terreno por las solicitudes de las comunidades, los cabildos y juntas de acción comunal e intentamos dialogar para procurar evitar todo tipo de confrontación y recibir las denuncias que son emitidas a las autoridades correspondientes, en este caso a la Defensoría del Pueblo, a la administración municipal, policía antinarcóticos y para el control disciplinario, la Procuraduría, y así poder generar las alertas a través de estas observaciones de los hechos que se están presentando”, dijo Buchely.

“La única opción”

La Red de Derechos Humanos del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos hace parte activa cuando este tipo hechos se registran, son ellos quienes activan las alertas y piden a las autoridades locales y al gobierno nacional actuar ante las presuntas violaciones de parte de la fuerza pública. Su vocera Yuri Quintero se ha referido a estos casos recientes.

“La situación en el departamento del Putumayo después de la firma del Acuerdo de Paz y cuando la Presidencia de la República volvió anunciar la implementación de las erradicaciones forzadas y el mecanismo de fumigación terrestre, aportó de inmediato a la alteración del orden público, a la inestabilidad de las comunidades, del sector campesino y además conlleva a que a través de métodos irregulares por parte de la fuerza pública se generen infracciones al derecho internacional humanitario”, manifestó Quintero.

Para el líder campesino Iván Narváez, presidente de la Asociación Campesina del Sur Oriente de Puerto Asís, ACSOMAYO, que acoge a 54 comunidades en Puerto Asís, manifiesta que “esto se convirtió en una situación sistemática y repetitiva en contra de las comunidades al momento que la fuerza pública llega a los cultivos y arrancan las matas de coca”.

Eder Jair Sánchez concluye y dice que “en cinco años después de la firma del acuerdo llevamos 22 líderes asesinados, de los cuales siete hacían parte del proceso del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS”. (…) Las mismas comunidades dicen que como no tienen otra alternativa porque el gobierno no escucha sus propuestas, darán su vida por las matas de coca”.