Piden protección para familias de Cesar, amenazadas por grupo armado
El Defensor del Pueblo en Cesar, José Hernández, afirmó que personas armadas pintaron letreros alusivos al ELN en las casas de la vereda y dejaron una bandera de ese grupo ilegal, aunque advirtió que es posible que otros grupos armados estén usando ese nombre para despistar a las autoridades y generar temor.
“Existe una presencia disipada del ELN en esta región; sin embargo, también puede estar prestándose el fenómeno de la “falsa bandera”, es decir que actores ilegales diferentes pueden estar usando el nombre del ELN para intimidar y causar zozobra o realizar otras acciones delictivas en la zona. Les corresponde a las autoridades determinar si evidentemente las personas que amenazaron a los campesinos corresponden al ELN como así lo aseguraron o se trata de otros grupos”, dijo el defensor.
El caso de Tamalameque es hasta ahora el único que se ha registrado después de que en junio pasado la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana 012 que advertía el riesgo en que se encuentran seis municipios de los departamentos de Magdalena y Cesar por la presencia y accionar de actores armados ilegales. El Clan del Golfo y Los Urabeños en los municipios de El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista (Magdalena) y Tamalameque, Chimichagua y Astrea (Cesar), por la presencia esporádica del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos de delincuencia común y Los Rastrojos, principalmente.
Indicaba la Defensoría que “la ubicación de estos seis municipios tiene una importancia estratégica por tres razones: es el comienzo del Bajo Magdalena, el punto de confluencia entre el Magdalena Medio y el litoral Caribe, y por tanto un punto clave para las economías ilegales de narcotráfico y tráfico ilegal de oro. El complejo sistema de ríos, caños y ciénagas ribereñas de esta región es ideal para el transporte clandestino de mercancías ilegales”.
Explica la entidad que estos sistemas hídricos funcionan como costa interior de la región Caribe, zona de retaguardia y repliegue para las estructuras armadas, y que por su cercanía a la frontera venezolana también hay presencia de economías ilegales asociadas al contrabando de gasolina, armas y tráfico y trata de personas.
En estos sectores se encuentra una arquitectura altamente sofisticada dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, y dispositivos de coerción responsables de garantizar entornos para el narcotráfico. Allí se halla una amplia y dispersa red de bandas criminales que terminan instrumentalizadas en función de los intereses de quienes controlan las economías ilegales asociadas al narcotráfico.
Aunque no hay una histórica presencia del ELN en esta región, ni indicios sobre un intento por disputar el territorio a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se ha reportado la presencia esporádica de grupos pequeños de guerrilleros, además de la circulación de panfletos y la aparición de banderas alusivas al grupo, que bien pueden corresponder a acciones camufladas de otro grupo armado ilegal o a su presencia en tránsito por la zona.
Se ha observado, sobre todo en los 3 municipios cesarenses, acciones de Los Rastrojos encaminadas a reclutar hombres con experiencia militar para trasladarlos a la zona de frontera de Norte de Santander con Venezuela.
La Defensoría advertía que entre la población en riesgo se encuentran, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, población víctima del conflicto, comunidades étnicas (afrodescendientes e indígenas del pueblo Ette Ennaka), campesinos, migrantes venezolanos y población socialmente estigmatizada (consumidores de droga, personas que realizan actividades sexuales en contextos de prostitución).
Por eso les recomendó a las entidades territoriales y al Ministerio del Interior activar mecanismos de prevención como los Planes Urgentes de Reacción y Prevención en el marco de los Comités Territoriales de Prevención de los municipios focalizados y a la Agencia Nacional de Tierras consolidar un informe de titulación de baldíos para la población campesina.
Fotos: Defensoría del Pueblo / Municipio Tamalameque
