Pandemia ha obstaculizado acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, Women’s Link Worldwide, la Red Nacional de Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos aseguraron que debido a la pandemia las mujeres no han podido acceder fácilmente a la interrupción voluntaria del embarazo, IVE.
Según las abogadas, si de por sí, acceder a la interrupción legal del embarazo es complejo, pese a que desde 2006 está permitido si la vida de la madre o el feto corren peligro, hay malformación o el embarazo es producto de una violación, ahora por la pandemia las barreras han incrementado, al punto que entre marzo y diciembre de 2020, 111 mujeres, la mayoría entre los 19 y 25 años, debieron acudir a las vías legales para acceder a este procedimiento.
Esta cifra demuestra que, en 2020, aumentaron en 35 los casos en los que las mujeres pidieron acompañamiento legal para poder realizarse la IVE pese a que “es un derecho reproductivo que corresponde a la esfera privada e íntima de las mujeres", se lee en el informe.
Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, indicó que ya que se les dio prioridad a los servicios relacionados con el covid-19, no se crearon las rutas para que las niñas y mujeres puedan acceder a la interrupción de su embarazo.
“Se pudo evidenciar algunas barreras como la falta de información en la prestación del servicio durante la pandemia, la ausencia de intimidad en los hogares para solicitar información, problemas de conectividad para que las mujeres puedan acceder al servicio, así como una carga adicional en las labores del cuidado y la agudización de barreras para las mujeres migrantes”, explicó.
Durante la pandemia 83.1% de las mujeres pidieron la interrupción del embarazo por el riesgo para la salud de la madre, 4.6%, por grave malformación del feto y 12.1%, por violencia sexual.
Tras ser asesoradas, el 61.9% de las mujeres pudo acceder al procedimiento, 14.8% desistió, 20.9% no se volvió a contactar y el 1.9% tuvo un aborto espontáneo durante la ruta de atención.
Mientras que del total de mujeres que accedieron al procedimiento, 47.6% lo hizo en su EPS, 28.5% a través de IPS privadas, 17.4% por IPS públicas y el 1.5% se automedicó.
En Colombia la mayoría de los casos se presentaron en Norte de Santander con 10.3%, Atlántico, 9.1%, Cauca, Cundinamarca y Valle del Cauca 5.7% cada uno, Caldas y Magdalena 4.5% y Antioquia, Boyacá, Cesar y Risaralda 3.4%.
Según Rosero todo esto tiene como trasfondo que las entidades prestadoras del servicio de salud “desconocieron el carácter esencial de este servicio y procedieron a suspenderlo a pesar de que el ministerio de Salud había ordenado su continuidad durante la pandemia, por esta razón recomendamos a las entidades del Estado que tengan mejor seguimiento y control a los servicios y la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo para asegurar su acceso así como la información para las mujeres”.
