ONU alerta por asesinatos de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su más reciente informe 'Violencia territorial en Colombia: recomendaciones al nuevo gobierno' afirmó que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el año 2021, se han registrado 562 muertes a defensores de derechos humanos en el país.
Las lideresas y defensoras de derechos humanos fueron las más afectadas con 64 asesinatos, seguido de 61 indígenas, incluidas 13 mujeres, 21 afrodescendientes y siete personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI+.
Respecto a las masacres, la organización comprobó un aumento de un 200 % en el número de casos ocurridos entre 2016 y 2021, siendo los departamentos más afectados Antioquia, Norte de Santander y Nariño.
“Estos homicidios parecen constituir una estrategia para afectar la capacidad de las comunidades y liderazgos para reivindicar sus derechos frente al despojo de sus territorios y la violencia", explicó Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Cifras en lo corrido del 2022
Desde el 1 de enero al 30 de junio, se han registrado 114 denuncias de homicidios contra líderes sociales, de los cuales se han verificado 22 casos y otros 67 se encuentran en proceso de verificación, donde han muerto ocho autoridades indígenas y tres afrodescendientes
Se han verificado 33 masacres en el país , que han dejado un subregistro de 108 víctimas, teniendo en cuenta que 13 casos más se encuentran en proceso de verificación.
“Los grupos armados no estatales y organizaciones criminales son responsables de masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y extorsión de la población, impactando en la capacidad de la comunidad de ejercer y disfrutar plenamente sus derechos”, aseguró el informe.
Por otra parte, alertó la alta comisionada que en su reciente visita a territorios cercanos al departamento de Nariño, grupos armados carnetizan a toda la población para ejercer control territorial, además de que en Chocó se mantiene el control por la pesca y el confinamiento de las comunidades.
Llamado al próximo Gobierno Nacional
"Instamos al Gobierno a que adopte políticas públicas para responder eficazmente a la violencia y prevenirla, en cumplimiento de las obligaciones de Colombia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos", agregó de Rivero
Además, insistió la representante en que la respuesta militar no ha frenado la expansión de los grupos armados en Colombia.
“A pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta predominantemente militar para combatirlos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan".
