Gobierno tendría listo el decreto para liberar a jóvenes detenidos de la Primera Línea
La oficina jurídica de la Presidencia de Colombia tiene listo el decreto que reglamentará y especificará las reglas y la forma en la que se hará la selección de los gestores de paz que se encargarán de ser mediadores en diversos conflictos de la sociedad.
Desde la Casa de Nariño se confirmó que el decreto está listo y ya tendría el visto bueno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien tendrá la última palabra para seleccionar las personas que serían voceros de paz.
Será en cuestión de horas para que el decreto sea publicado en la normativa de la página web de la Presidencia, por ahora el decreto no está numerado y aún tiene pendiente su publicación.
El ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, había dado a conocer que la figura no solo podrán utilizarla las personas que hayan sido capturadas en medio del paro nacional, sino también en general a los líderes sociales de todo el territorio nacional que quieran participar y ser voceros.
La reglamentación permitirá la elección de los voceros, la forma en que se elegirán y la definición de las facultades que tendrán.
El decreto también incluirá la creación de una comisión de alto nivel que hará parte de la reglamentación para definir las personas que serían voceros. La conformarán el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Cada caso se definirá de forma individual y los voceros no podrán violar ninguna ley.
Según el Gobierno, las labores de los voceros estarán relacionadas con todo tipo de conflictos en las diferentes regiones del país y serán quienes tomen parte en procesos de pacificación que acerquen a las partes de los conflictos en temas ambientales, de sociabilidad, entre otros.
La postura del fiscal Barbosa
en entrevista con la Revista Semana, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, rechazó esta propuesta, advirtiendo que este hecho sería ilegal, violaría la independencia de poderes y que la Rama Judicial no les ha violado el debido proceso a los detenidos por estos hechos.
“Hasta tanto se siga aplicando la legislación establecida en el Código de Procedimiento Penal, que determina que para revocar una medida de aseguramiento privativa de la libertad deben desaparecer los fines que dieron lugar a la misma, esto es peligroso para la comunidad, peligroso para la víctima y un riesgo de obstrucción a la justicia”, explicó el jefe del ente investigador para quien ser gestores de paz no es razón para otorgar las libertades.
El Gobierno ha reiterado que este proyecto no se trata de “un perdón judicial, indulto o amnistía (…) Los beneficiados quedarán vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que definan los jueces en sentencia. Por lo tanto, los procesos no se suspenden”, indicó en su momento el ministro del Interior, Alfonso Prada.
