Fiscalía imputó 60.320 hechos criminales a paramilitares desmovilizados
La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación presentó el balance de acciones realizadas en los últimos 21 meses, en cuatro aspectos priorizados que buscan garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto armado.
Solicitudes ante tribunales de Justicia y Paz
El trabajo de fiscales e investigadores, enmarcado en la estrategia de descongestión para judicializar a los exintegrantes de las estructuras armadas ilegales desmovilizados mediante la Ley 975 de 2005, permitió radicar ante los tribunales de Justicia y Paz solicitudes de imputación por 60.320 hechos relacionados con desaparición, desplazamiento forzado, homicidio, violencia basada en género y reclutamiento ilícito, entre otros delitos. Esto representa un aumento de 110% respecto al periodo 2006-2019.
Entrega de bienes para reparación a las víctimas
La Dirección de Justicia Transicional entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas bienes avaluados en $391.182 millones 605.395 pesos. Esta cuantía supera en 80% el valor de todas las propiedades puestas a disposición del Fondo en años anteriores. Algunos de los inmuebles corresponden a oficinas y parqueaderos en la Torre 85, en Bogotá, que tendrían relación con Guillermo León Acevedo, alias ‘Memo Fantasma’.
También están las haciendas San Juan de Bedout y El Amparo, y lotes en el sector Filo de Caballo, que pertenecerían a excabecillas de los bloques ‘central Bolívar’, ‘héroes de Granada’, ‘Mineros’ y ‘casa Castaño’.
Asimismo, los predios Puente Tierra y Guadalupe, ubicados en Calima El Darién (Valle del Cauca), que estarían a nombre de testaferros de Wilber Varela, alias ‘Jabón’, y luego pasaron al ‘bloque Calima’.
De otra parte, se obtuvieron medidas cautelares sobre bienes de exintegrantes de los extintos grupos paramilitares, cuyo avalúo asciende a 370.000 millones de pesos.
Exhumaciones y entregas dignas
La Fiscalía General de la Nación avanza en la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente. Con un grupo especializado de fiscales, investigadores y equipos de criminalística se realizaron 875 exhumaciones y entregó dignamente a los familiares 487 cuerpos.
De igual forma, el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) cumplió 53 jornadas de atención a víctimas en distintos puntos del país, en las que se escucharon 6.218 personas.
Investigaciones contra terceros financiadores
A través de la priorización de casos de terceros financiadores o colaboradores de estructuras paramilitares, la Dirección de Justicia Transicional profirió 34 resoluciones de acusación en procesos de relevancia nacional como: la multinacional Drummond, los empresarios azucareros de Valle del Cauca, los desplazamientos ocurridos en la cuenca de Curvaradó y Jiguamiandó, y el homicidio de agentes del CTI que participaron en el operativo del Parqueadero Padilla, entre otros.
Y en el marco de la Ley 600 de 2000, se definió la situación jurídica de 18 empresarios bananeros que habrían financiado el Bloque Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Fiscalía imputó 60.320 hechos criminales a paramilitares desmovilizados
La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación presentó el balance de acciones realizadas en los últimos 21 meses, en cuatro aspectos priorizados que buscan garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto armado.
Solicitudes ante tribunales de Justicia y Paz
El trabajo de fiscales e investigadores, enmarcado en la estrategia de descongestión para judicializar a los exintegrantes de las estructuras armadas ilegales desmovilizados mediante la Ley 975 de 2005, permitió radicar ante los tribunales de Justicia y Paz solicitudes de imputación por 60.320 hechos relacionados con desaparición, desplazamiento forzado, homicidio, violencia basada en género y reclutamiento ilícito, entre otros delitos. Esto representa un aumento de 110% respecto al periodo 2006-2019.
Entrega de bienes para reparación a las víctimas
La Dirección de Justicia Transicional entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas bienes avaluados en $391.182 millones 605.395 pesos. Esta cuantía supera en 80% el valor de todas las propiedades puestas a disposición del Fondo en años anteriores. Algunos de los inmuebles corresponden a oficinas y parqueaderos en la Torre 85, en Bogotá, que tendrían relación con Guillermo León Acevedo, alias ‘Memo Fantasma’.
También están las haciendas San Juan de Bedout y El Amparo, y lotes en el sector Filo de Caballo, que pertenecerían a excabecillas de los bloques ‘central Bolívar’, ‘héroes de Granada’, ‘Mineros’ y ‘casa Castaño’.
Asimismo, los predios Puente Tierra y Guadalupe, ubicados en Calima El Darién (Valle del Cauca), que estarían a nombre de testaferros de Wilber Varela, alias ‘Jabón’, y luego pasaron al ‘bloque Calima’.
De otra parte, se obtuvieron medidas cautelares sobre bienes de exintegrantes de los extintos grupos paramilitares, cuyo avalúo asciende a 370.000 millones de pesos.
Exhumaciones y entregas dignas
La Fiscalía General de la Nación avanza en la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente. Con un grupo especializado de fiscales, investigadores y equipos de criminalística se realizaron 875 exhumaciones y entregó dignamente a los familiares 487 cuerpos.
De igual forma, el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) cumplió 53 jornadas de atención a víctimas en distintos puntos del país, en las que se escucharon 6.218 personas.
Investigaciones contra terceros financiadores
A través de la priorización de casos de terceros financiadores o colaboradores de estructuras paramilitares, la Dirección de Justicia Transicional profirió 34 resoluciones de acusación en procesos de relevancia nacional como: la multinacional Drummond, los empresarios azucareros de Valle del Cauca, los desplazamientos ocurridos en la cuenca de Curvaradó y Jiguamiandó, y el homicidio de agentes del CTI que participaron en el operativo del Parqueadero Padilla, entre otros.
Y en el marco de la Ley 600 de 2000, se definió la situación jurídica de 18 empresarios bananeros que habrían financiado el Bloque Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
