Iglesia Pentecostal, Alcaldía de Fundación y Tránsito indemnizarán a las víctimas de la ‘Tragedia de Fundación’
El Consejo de Estado declaró civil, administrativa y patrimonialmente responsables a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Instituto de Tránsito de Fundación y la alcaldía de ese municipio del Magdalena, por la tragedia que dejó 34 víctimas.
Este hecho se registró el 18 de mayo de 2014 y cobró la vida 33 niños y una adulta mayor, quienes fallecieron calcinados dentro de un bus que los trasladaba luego de salir de la escuela dominical de la Iglesia Pentecostal, ubicado en el barrio Altamira de Fundación.
En este sentido, la alta corte, ante la sentencia del 12 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, condenó a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación a pagar a favor de los integrantes de las víctimas una indemnización colectiva.
En el documento, el Consejo de Estado indica que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumirá el 80% de la condena total, esto es, el equivalente a 14.320 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia; mientras que el municipio de Fundación y el Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación, el 10% respectivamente, equivalente a 1.790 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Agrega que dichas cantidades deben ser depositadas por los responsables en el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, prorrogables hasta máximo treinta días hábiles, y será administrada por la Defensora del Pueblo, quien estará a cargo de pagar las indemnizaciones individuales de quienes se hicieron presentes en el proceso.
Frente a este caso, el abogado penalista Carlos Ramírez, quien fue el defensor de las dos personas condenadas por este hecho, señaló que la tragedia implicó dos procesos distintos.
“Por un lado, la responsabilidad penal, que resultó en la condena del líder espiritual y del conductor del vehículo que transportaba a los menores. Esa sentencia quedó en firme hace más de dos años. Por otro lado, está la acción administrativa, que culminó con la decisión del Consejo de Estado para indemnizar a las víctimas”, sostuvo.
Ramírez precisó que, con esta decisión administrativa, se cierra el ciclo de responsabilidad de este lamentable siniestro que generó tanta conmoción no solo en el país sino a nivel mundial.
“Aunque el proceso ha sido largo, las etapas legales necesarias se han cumplido. Después de 10 años, se ha logrado una decisión justa que permitirá la reparación de las víctimas”, puntualizó Ramírez.
