Según informó la Secretaría de Gobierno de Bogotá, los voceros de las comunidades indígenas que permanecen en un campamento improvisado en el Parque Nacional, estarían condicionando el traslado de las personas a los albergues a cambio de que se establezcan contratos por prestación de servicios con 12 personas de esta comunidad que alcanzan los 114 millones de pesos; por otro lado, un contrato para la financiación de cuatro ollas comunitarias por 104 millones de pesos, es decir, cada una por un valor superior a los 25 millones pesos, donde se especifica la atención de mil personas.
El Distrito informó además que han adelantado cinco mesas de diálogo con los voceros de esta comunidad, donde ofreció el traslado a la Unidad de Protección Integral La Florida donde cuentan con todos los servicios, y otro inmueble de la Empresa de Renovación Urbana, ubicado en la localidad de Santa Fe.
“Es una clara vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, combinada con intereses políticos y económicos, exponiéndolos a todo tipo de enfermedades, al sol y al agua y condicionando su traslado a cambio de contratos y ollas comunitarias como si estuvieran en campaña” indicó Daniel Camacho, subsecretario de Gobierno.
Frente a la situación de los menores de edad y las mujeres gestantes, el Camacho explicó que desde el 29 de septiembre, de los 290 menores de edad, al menos 29 niños y niñas han sido trasladados a centros hospitalarios; sin embargo, actualmente cuatro niños y dos adultos continúan hospitalizados, mientras que 26 mujeres embarazadas se encuentran en riesgo.
“Ayer mismo hicimos la denuncia ante el ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia. No vamos a permitir que en Bogotá se instrumentalice a ningún menor”, explicó Camacho.
La Alcaldía de Bogotá solicitó al ICBF que realice el acompañamiento necesario a la comunidad y se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.