Ordenan medida de aseguramiento domiciliario contra alcalde de Neiva
En fallo proferido este martes, un juzgado ordenó medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por irregularidades al contratar en 2020 la alimentación para escolares y adultos mayores.
En la decisión, la juez Séptima Penal Municipal con funciones de control de garantías expresó que también se solicita apartar del cargo al mandatario.
Sin embargo, la defensa del gobernante interpondrá los recursos de apelación. También la Fiscalía procederá a apelar, al declarar que acata pero no comparte la decisión. El ente acusador había pedido medida de aseguramiento en centro carcelario.
El caso surgió cuando la Fiscalía le imputó cargos al alcalde Muñoz Calderón por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, y peculado.
El fiscal séptimo seccional Juan Carlos Durán planteó en su acusación que los hechos que involucraron al mandatario tienen que ver con la contratación, sin mediar una licitación pública, para comprar mercados con destino al programa de alimentación escolar, y de apoyo a adultos mayores, a comienzos de 2020.
Los contratos de compra e interventoría se celebraron con empresas residenciadas en el departamento de Nariño, y cuyos representantes tenían vínculos entre sí.
En el curso de la audiencia, que comenzó en abril pasado, el alcalde de Neiva se declaró inocente de las acusaciones de la Fiscalía, al responder al interrogante que le formuló el juzgado de Neiva que lleva el caso.
La investigación también cobijó al secretario de Educación para la época de los hechos, Giovanni Córdoba Rodríguez; a dos asesores jurídicos de la Alcaldía, Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo.
La investigación también abarcó a los contratistas: la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando), y su representante legal, Carmen Castillo, y la Fundación Colombia Florece, representada por Miguel Banguera, en calidad de interventor.
Ninguna de estas personas fue cobijada con medida de aseguramiento, pero sigue su vinculación al proceso.
La Fiscalía también vinculó a Haiden Otoniel Vergara Quiñónez -con nexos tanto con el contratista como con la firma interventora-, y quien según la investigación aportó millonarios recursos para la campaña electoral que permitió la elección de Gorky Muñoz.
A lo largo de extensas sesiones de la audiencia, la Fiscalía entregó varias pruebas documentales en audio, en las que mediante interceptaciones telefónicas se reseñó el aporte de recursos a la campaña. A cambio, las empresas de Vergara Quiñónez fueron beneficiadas con la contratación del programa de alimentación en Neiva, señaló la Fiscalía.
Las irregularidades desataron desde el comienzo un escándalo en la capital huilense en medio del inicio de la pandemia porque, además, las empresas locales esperaban apoyo del Estado cuando todos los negocios se cerraron por el confinamiento.
A través de su perfil en redes sociales, el alcalde de Neiva anunció que “vamos a reunirnos con los abogados para analizar la decisión y en unas horas nos pronunciaremos más ampliamente sobre el camino jurídico que se viene”.
