La Fiscalía General de la Nación abrió indagación preliminar para establecer si el exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia, Andrés Mauricio Mayorquín y su esposa, Karen Váquiro, cometieron alguna irregularidad en medio del escándalo por los 24 contratos que firmó la mujer con el Estado, por 1.245 millones de pesos.
Lo que el ente acusador busca establecer es si en la adjudicación de los contratos se presentaron irregularidades en su selección, o si se incurrió en tráfico de influencias, teniendo en cuenta que Váquiro se volvió contratista con el Estado casi al mismo tiempo que su esposo ingresó a trabajar en Presidencia.
Igualmente, se entraría a establecer si en este caso se cometieron los delitos de falsedad en documento público y privado, pues la mujer no indicó que era casada y tampoco su relación con el asesor Mayorquín, con lo que además habría una violación al régimen de inhabilidades.
Ante estos hechos, la Fiscalía podría citar a la pareja a declarar, escuchar a la jefe de gabinete, María Paula Correa, quien era la jefe de Mayorquín, para conocer las versiones de las entidades que firmaron contratos con Váquiro.
En este proceso, el ente acusador analizaría los contratos entre Váquiro y los ministerios de Cultura y de Justicia, la Aeronáutica Civil, la Presidencia del Senado, la Agencia Nacional de Tierras y el Archivo General de la Nación, entre otros.