Colombia admite responsabilidad parcial por persecución contra la UP
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano admitió su responsabilidad parcial en la persecución y las violaciones a los derechos humanos contra los miembros y militantes del partido político Unión Patriótica por al menos 20 años y que terminó en un genocidio.
De acuerdo con el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, aunque el Estado reconoce su responsabilidad y ofrece perdón a las víctimas, aclaró que el reconocimiento de responsabilidad está limitado a las víctimas debidamente individualizadas en la demanda presentada por la CIDH; es decir, a 219 personas de las 6.000 que fueron víctimas.
Sin embargo, Gómez aseguró que el Estado colombiano “está comprometido con el esclarecimiento integral de la victimización contra los miembros y militantes de Unión Patriótica a través de los mecanismos de la justicia transicional", para aclarar los asesinatos, desapariciones, amenazas y desplazamiento que sufrieron estas personas.
Pese a este pronunciamiento, la representante de la CIDH, Antonia Urrejola, afirmó que sí están debidamente documentadas las violaciones a los derechos de las 6.000 víctimas que se incluyeron en la demanda y no solo a 219.
“La persecución a Unión Patriótica es un fenómeno complejo y es precisamente el Estado el que ha tenido por varias décadas el deber de esclarecer lo ocurrido a las más de 6.000 víctimas y no lo ha hecho. Las violaciones comparten un vínculo y ocurrieron con participación del Estado en diversas formas, niveles y momentos", manifestó.
La representante indicó que en el caso están documentados 3.134 casos de privación al derecho a la vida de integrantes y militantes de la Unión Patriótica, 514 desapariciones, 501 amenazas y hostigamiento, 1.600 desplazamientos forzados, 291 tentativas de homicidio, así como casos de uso arbitrario del derecho penal.
A su vez, Jahel Quiroga, representante de un grupo de víctimas, señaló que debe repararse a todas las víctimas, investigar todas las violaciones a los derechos humanos y garantizar la no repetición de los hechos, pues lo ocurrido con la UP fue un “genocidio político propiciado por acciones y omisiones del Estado (...) se ejecutaron planes de exterminio".
“La violencia contra la Unión Patriótica sólo podrá encontrar verdadera justicia cuando todas las autoridades competentes investiguen y esclarezcan todo el exterminio en su completa dimensión y se sancione a los responsables", agregó.
Tras esta audiencia, las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales y entonces la Corte emitirá un fallo en los próximos meses.
