Piden a la JEP abrir macrocaso por delitos ambientales de las extintas Farc
A través de un documento de 31 páginas, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, solicitó a la JEP que se abra un macrocaso contra los miembros de las extintas Farc por los delitos ambientales perpetrados durante el conflicto armado.
Para la Adje, las estrategias de financiamiento usadas por ese grupo guerrillero, y que implicaban intervención al medio ambiente, se definen como un crimen de guerra que debe ser sancionado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Entre las acciones señaladas están la deforestación para construir laboratorios de coca, la minería ilegal en diferentes puntos y la voladura de oleoductos.
La Agencia argumenta que estos delitos se encuentran tipificados, tanto en Colombia como en las normas de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“Lo anterior implica que las autoridades judiciales del sistema de justicia transicional están obligadas a investigar, juzgar y sancionar estas graves conductas cometidas por los miembros de las Farc”, indica el documento.
Según las cifras expuestas a la JEP, entre 1992 y 2012, los grupos armados ilegales promovieron la pérdida de más de 6 millones de hectáreas de bosque, tras actividades de deforestación, minería ilegal y siembra de cultivos ilícitos.
Así mismo, en la misiva, la Agencia de Defensa Jurídica explica que, según un informe de 2018 de la Fiscalía, las Farc alcanzaron a obtener $10′530.036′328.625 producto de sus actividades derivadas del narcotráfico. Por otro lado, puntualiza que los ataques a infraestructura petrolera han provocado el derrame en de 4.1 millones de barriles de crudo en ecosistemas de selva en los últimos 30 años, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP).
