Desde hace 19 años, cada 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el propósito de crear conciencia colectiva sobre un flagelo que afecta a más de 168 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo. En Colombia son 523 mil menores los que sufren con ello, sobre todo en actividades rurales.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este fenómeno es definido como toda actividad que priva a los menores de edad de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.
Según las cifras más recientes del DANE, presentadas para el trimestre de octubre a diciembre del 2020, cerca de 523 mil niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad se ven obligados a trabajar en Colombia, de los cuales 242 mil residen en centro poblados y 281 mil en zonas rurales.
En diálogo con Radio Nacional de Colombia, el director ejecutivo de la organización Pacto Global Red Colombia contra el Trabajo Infantil, Mauricio López, aseguró que desde el año 2008 se ha disminuido la cifra de ocupación de menores de edad, pasando de 1 millón 100 mil a 523 mil niños, niñas y adolescentes que se dedican a labores con fines económicos.
“Hemos disminuido este fenómeno de manera importante, pero también debemos quedarnos con la cifra que aún nos falta, porque la intención es que este flagelo se erradique completamente. Todavía nos queda un reto de 523 mil personas y esperamos para el año 2030 no tener trabajo infantil, incluso en la agenda 2030 de sostenibilidad la fecha establecida es 2025”, comentó.
El reporte del Dane también reveló que el 69,1% de las personas entre 5 y 17 años que trabajan corresponden a hombres y el 30,9% a mujeres, e indicó que las actividades que ocupan más menores de edad son agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 44,1%, el comercio y la reparación de vehículos con 20,7%, y el alojamiento y servicios de comida con un 11,1%.
López señaló que, a pesar de la disminución en los indicadores de trabajo infantil, la pandemia provocó un incremento significativo en la realización de tareas domésticas por parte de menores edad, teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes han permanecido la mayoría del tiempo en sus casas.
“Los 523 mil menores reportados por el DANE se suman a las personas que trabajaron en los denominados oficios del hogar por más de 15 horas a la semana, una cifra que nos puede generar un aumento importante de hasta 1 millón 096 mil personas. (…) Era inevitable que los niños que estaban en la casa ejercieran labores de oficio y esa cifra se nos incrementó”, manifestó López.
Agregó que la emergencia sanitaria ha prendido las alarmas, considerando el impacto que sufrieron muchos hogares del país y que estimuló que una gran cantidad de niños salieran a las calles a buscar un sustento para apoyar a sus familias.
“Por eso es tan importante las medidas anunciadas por el Gobierno de retornar a la presencialidad en las escuelas y centros de educación a través del modelo de alternancia, porque tenemos que alejar al niño de ese riesgo”, anotó.
De hecho, uno de los fenómenos que se ha acrecentado con la modalidad de educación remota en las zonas rurales ha sido el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. López sostuvo que este flagelo, sumado a la explotación sexual y la trata no se puede configurar como trabajo infantil, sino como esclavitud.
“Esto ni siquiera está en las contabilidades. Aquí la explotación sexual, la trata de niños y niñas, el reclutamiento forzado y el uso de menores de edad en actividades ilegales como el tráfico de drogas no está configurado como trabajo, sino como una explotación, trabajo forzado y esclavitud”, dijo.
Respecto a las estrategias que se han implementado en el país para mitigar y erradicar esta problemática, el directivo afirmó que lo más importante ha sido crear y consolidar una política pública de lucha contra el trabajo infantil, además de elaborar una guía de riesgos con el sector empresarial para atender posibles alarmas y realizar una debida diligencia de prevención y educación.
Añadió que es fundamental mejorar las condiciones económicas de todas las familias que viven en condición de vulnerabilidad, advirtiendo que la pobreza es una de las causas principales que conlleva a que muchos niños ejerzan labores fuera del ámbito educativo.
“La pandemia ha sido una desgracia porque nos ha retrotraído a niveles de pobreza. Por eso uno de los puntos para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes es la reactivación económica”, precisó.
Finalmente, López hizo un llamado a la sociedad colombiana para denunciar ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cualquier práctica de trabajo infantil que observen, en lugar de seguir naturalizando que un menor de edad labore en las calles.
“Tenemos que borrar ese fenómeno con las líneas de denuncia que ofrece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es fundamental eliminar la naturalización, la indolencia y la indiferencia, y pasar a la acción”, concluyó.