El Consejo de Estado dejó en firme la inhabilidad y destitución por 18 años que impuso la Procuraduría General contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, por su responsabilidad en el escándalo de las ‘chuzadas’ contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas y periodistas.
“No debe admitir esta Colegiatura que la actora quiera desconocer su actuación ilegal y los efectos nocivos que de ella se derivaron contra la autonomía e independencia del servicio de justicia, la integridad e intimidad de sus miembros, del Congreso de la República y ciudadanos, a través de seguimientos arbitrarios, que fueron demostrados con aptitud y suficiencia por la autoridad disciplinaria”, indicó la Corporación.
Aunque la defensa de Hurtado aseguraba que la Procuraduría no tenía las pruebas para inhabilitarla, y además pedía que se le pagara una indemnización por los daños ocasionados con la sanción disciplinaria, para el alto tribunal está demostrado que ordenó hacer seguimientos e interceptaciones ilegales para desacreditar a los magistrados del alto tribunal.
“La presunción de inocencia de la señora María del Pilar Hurtado desapareció por completo en este caso, debido al copioso y diciente material de pruebas recaudado durante el proceso disciplinario, que da cuenta de la certeza de la falta imputada y su responsabilidad”, aclaró la sentencia.
Igualmente, el Consejo de Estado señaló que Hurtado olvidó las funciones que debía desempeñar como directora del extinto DAS, haciendo que sus subalternos cometieran una práctica ilegal y que sólo estaba justificada en motivos personales.
“La conducta imputada a la accionante tuvo ocurrencia, que constituyó incumplimiento de los deberes funcionales imputados en el pliego de cargos y que corresponde a la descripción típica de carácter gravísimo y doloso, que motivó la destitución del cargo”, se lee en la decisión.
En cuanto a la supuesta falta de pruebas de la Procuraduría, el alto tribunal dijo que la decisión estuvo sustentada, pues “no implica que haya incurrido en expedición irregular por falsa motivación, desviación del poder, violación de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso”.
Desde 2015, Hurtado se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar en el norte de Bogotá, pagando la condena de 14 años que le impuso la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.