Exministra Cecilia Álvarez no acepta cargos por escándalo de Odebrecht y se defiende
La exministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, ha rechazado los cargos presentados hoy por la Fiscalía en su contra por el delito de interés indebido en celebración de contratos, específicamente en beneficio de terceros, dentro del marco del escándalo de Odebrecht. Ahora, se inicia un plazo de noventa días para presentar una acusación formal en su contra o solicitar el archivo de la investigación.
Durante una audiencia virtual celebrada en la mañana de este jueves en el Tribunal Superior de Bogotá y ante el magistrado Efraín Bermúdez, el fiscal Gabriel Jaimes expuso durante más de dos horas los argumentos jurídicos de la Fiscalía para acusar a Álvarez. Aunque Jaimes experimentó problemas de conexión a Internet en ocasiones, esto no mermó la fuerza de su argumento acusatorio.
De acuerdo con la Fiscalía, la exministra de Transporte y Comercio, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, favoreció los intereses de la empresa multinacional brasileña Odebrecht en dos contratos adicionales firmados durante la construcción de la Ruta del Sol II. Además, otorgó la autorización, mediante una resolución emitida en julio de 2014, para la instalación de dos nuevos peajes y el aumento de las tarifas en otros cinco.
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La irregularidad principal radica en la adición del tramo entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar). Según Jaimes, el contrato original no contemplaba esta parte de la ruta, por lo que para invertir en ella se debía abrir otro proceso de licitación pública y obtener la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal y del Consejo Nacional de Política Económica y Social, procedimientos que no se llevaron a cabo.
Según la entidad investigadora, la exministra Álvarez tenía un interés personal en favorecer la construcción de un puerto en Gamarra, ya que antes de asumir el cargo, formaba parte de la junta directiva de Cartagena II SA, una empresa interesada en ese proyecto. Además, mantuvo una relación sentimental con la también exministra Gina Parody, cuyos familiares supuestamente tenían intereses en la ruta.
La Fiscalía sostiene que Álvarez sabía que los contratos adicionales eran inviables, no solo por su conocimiento como ministra, sino también porque consultó al Consejo de Estado al respecto. Sin embargo, presuntamente anteponiendo sus "intereses privados", actuó de manera dolosa con pleno conocimiento e intención de violar las normas.
"La doctora Álvarez, consciente de que no era posible celebrar esos contratos adicionales para construir un nuevo proyecto de infraestructura que debía ser licitado, pasó por alto esta circunstancia y contribuyó de manera efectiva a que el pacto ilícito entre la ANI y la concesión Ruta del Sol se llevara a cabo", afirmó el fiscal Jaimes.
