Menores de edad también fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Batallón ‘La Popa’

Por segundo día consecutivo, víctimas y victimarios de ‘Falsos Positivos’ del Batallón ‘La Popa’ se encontraron frente a frente en Valledupar, Cesar, en un acto de reconocimiento hecho por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este acto reafirmó que esta práctica no tuvo distinción de edades y era coordinada por altos oficiales.

Noemí Pacheco, una niña wiwa de tan solo 13 años de edad, que al momento de su muerte tenía dos meses de embarazo fue, tal vez, una de las víctimas más jóvenes que dejaron los ‘Falsos Positivos’ en esa región del país. Su hermana, María Faustina Martínez, durante la audiencia, enfatizó en limpiar su nombre y dijo que jamás va a dejar de luchar por su memoria.

“Mi hermana no fue ninguna guerrillera, tenía dos meses de embarazo y eso es lo que más duele a nosotros. Mi hermana clamó desde el día que la sacaron hasta que la asesinaron para que no la matarán y ellos no entendieron eso”, contó María Faustina.

Dentro de su relato, Martínez dijo que para encubrir el asesinato de su hermana “vinieron a comprar armamento a Valledupar. A mi hermana le pusieron un fusil oxidado y un uniforme que ni le quedaba”.

Bajo esta misma línea, María Faustina explicó que los efectos de la muerte de su hermana han traído graves consecuencias a su familia.

“Nos causaron un daño grandísimo, ¿cómo está mi mamá?, debajo de tierra, mi padrastro invalido, enfermo, no habla. (...) Si a ellos los mandaron a cuidarnos, por qué no nos cuidaron, por qué acabaron con un futuro que nosotros teníamos, por qué acabaron con una menor de edad”, enfatizó mirando a los ojos al grupo de militares que la escuchaba atentamente a tan solo unos metros de distancia.

Otra de las crudas historias que se narraron durante la diligencia fue contada por Abelardo Daza, quien recordó el asesinato de su padre, Juan Nehemías Daza. 

El día que se lo llevaron y posteriormente asesinaron, según el relato de este hombre, estaban juntos y el Ejército se lo llevó al catalogarlo como guerrillero. “El no traía armas, ese día simplemente traía una mochila y dos limones, y dijeron que traía granadas”.

Una historia similar es la de Álvaro Adolfo Piña Londoño, quien fue reclutado junto con dos personas más en Barranquilla, quienes fueron trasladado hasta Codazzi, Cesar, donde fueron asesinados. Su hija Laura Piña aprovechó su intervención para recordar a su abuelo, quien murió hace pocos días esperando poder escuchar que el asesinato de Álvaro Adolfo fue una injusticia.

Esta joven pidió, por su papá, su abuelo con su anhelo de justicia, las 127 víctimas de este caso y los 6.402 ‘Falsos Positivos’ que se tienen contabilizados hasta el momento, hacer todos los esfuerzos para conocer el rostro de Juan Carlos Figueroa, militar involucrado en estos hechos, pero que no reconoció su responsabilidad; y exigió que los procesos de quienes no aceptaron sean céleres, entre otras solicitudes.

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Como en la diligencia de reconocimiento de este lunes, los exmilitares reconocieron su responsabilidad por los ‘Falsos Positivos’ que ocurrieron en la región en connivencia con los paramilitares.

Por ejemplo, el sargento (r) del Ejército Efraín Andrade, además de reconocer su responsabilidad, relató que los ‘Falsos Positivos’ que se cometieron en el Batallón La Popa entre 2002 y 2003 se coordinaban entre el comandante del batallón (en ese momento el coronel Publio Hernán Mejía), alias ‘39’ y un suboficial de inteligencia.

“El afán del comandante de batallón era aumentar las estadísticas de bajas en combate, porque existía la competencia con otras unidades, entonces la idea era tener al batallón en primer o segundo puesto”, explicó el sargento retirado.

En este sentido, el exsargento Andrade explicó que las personas que murieron al ser pasadas como ‘Falsos Positivos’ eran llevadas al batallón vivas o muertas. “La recepcionaba la tropa, se simulaba un combate y una vez esto yo iba al área de operaciones, si había algo anormal se corregía para efectos de que cuando llegara la Fiscalía a hacer el levantamiento no hubiese llamados de atención”, dijo Andrade.

En este punto, el exsargento retirado explicó que él realizaba el documento para legalizar la muerte de los campesinos e indígenas. “Yo decía: tropas del Batallón de Artillería la Popa en combate dieron de baja a Juan Carlos Soto, un ejemplo, quien en su poder llevaba un fusil, dos granadas, material de intendencia, de guerra, yo estaba dándole legalidad, estaba diciendo que estábamos haciendo las cosas bien, le estaba mintiendo al país, a mí mismo”.

Otro de los reconocimientos correspondió al del excomandante del grupo 'Zarpazo' del batallón La Popa entre 2002 y 2003, Eduard Gustavo Álvarez Mejía, quien dijo que vivían bajo una constante presión de bajas. Además, reconoció que tenían un ‘kit de legalización’.

Por su parte, el soldado Alex José Mercado, quien durante su paso por el batallón tuvo la tarea de reclutar víctimas, señaló que esta fue una dinámica que se presentó después de que en 2003 los paramilitares cambiaron la modalidad de los ‘Falsos Positivos’, luego de que este grupo iniciará conversaciones con el Gobierno.

“No le puedo negar al pueblo que lo hacía porque no sabía. En ese tiempo lo hacía por una persona ignorante, que, por un premio, un arroz chino, un permiso de un mes, por el ego de llegar al Batallón, darle el gusto a un coronel de que mantuviera el batallón en los primeros lugares”, contó Mercado.

Bajo esta línea, el exsoldado relató que con los comandantes con los que trabajó eran premiados con medallas o incluso con ir al Sinaí.

Por su parte, el excabo tercero Elkin Rojas dijo que reconoce que reclutó a varias personas ofreciéndoles falsas promesas de trabajo, para que luego fueron asesinadas y pasadas como bajas en combate. 

“En ese momento no pensaba el daño que causaba, era un hombre inhumano, por engañar y asesinar, tratar como trate a esas personas (...) Reconozco que manche la honra y acabe con familias”, dijo Rojas.

Este excabo contó además que en los patrullajes llegaban a poblaciones con información de personas a quienes señalaban falsamente de pertenecer a la guerrilla. Los detenían y luego los asesinaban. Además, dijo que las armas las compraban ellos.

Con la audiencia de este martes, finalizó el reconocimiento de los 12 militares que admitieron su responsabilidad en los falsos positivos cometidos por el Batallón La Popa, y ahora la JEP tendrá tres meses para remitir la resolución de conclusiones al Tribunal de Paz, que definirá la sanción.

Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz Mahecha no reconocieron su responsabilidad y sus casos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación para dar trámite al proceso adversarial. De ser vencidos en juicio se exponen a una pena de hasta 20 años.