Unas 50 personas del sector rural de Hacarí, en Catatumbo, se desplazaron al casco urbano desde las veredas Islitas y Montetarra, del corregimiento San José del Tarra, por los constantes enfrentamientos de grupos armados. Así lo denunció el personero municipal, Robeiro Muñóz Pérez.
La base militar ubicada cerca a sus viviendas es frecuentemente atacada por grupos insurgentes, lo que pone en riesgo la vida de los habitantes, quienes en reiteradas ocasiones han quedado en medio de las balas.
“La población decidió desplazarse porque no siente condiciones de seguridad ni garantía para poder proteger sus vidas. Hay un número significativo de niños afectados de manera sicológica por lo repetitivo de los conflictos en ese sector”, aseguró Muñóz.
Además, advirtió que en el sitio conocido como La Estación, en el corregimiento Mesitas, también hay una base militar cerca a casas de campesinos, quienes viven el drama de los hostigamientos. “Tienen la voluntad de desplazarse, es lo que han manifestado a la Personería y a los líderes sociales, porque viven la misma situación; no afectan a los soldados pero sí a la infraestructura de las viviendas, los cultivos y daños sicológicos a la población”.
Por eso, el funcionario pidió a la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional y organismos de control “que les ayuden a buscar una solución pronta a favor de la población civil que, a pesar de no estar inmersa en el conflicto, es la más afectada”.
Y agregó: “Ellos lo que piden es el derecho a la paz y a vivir de forma tranquila, por eso hago la invitación a los diferentes actores armados a que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se cumpla con el principio de distinción, porque lo que vemos constantemente en el territorio son múltiples violaciones a los derechos humanos”.
Hacarí es un municipio de sexta categoría que, según explicó el personero, no cuenta con los recursos suficientes para atender una cantidad grande de desplazados. Por su parte, Deiby Bayona, alcalde de Hacarí, manifestó que la situación “se nos quiere salir de las manos. Ya lo había anunciado en un informe que presenté ante los anuncios de aspersión terrestres”.
Nerio Mejía, delegado departamental de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los corregimientos Mesitas y San Miguel, también lamentó la situación que atraviesan las comunidades. “Hacemos un llamado al Ministerio de Defensa para que tengan en consideración las peticiones de los campesinos de reubicar las bases militares, donde no se ponga en riesgo a la población civil, que se desplazaran en plena pandemia”.