El próximo 24 y 25 de mayo, en una audiencia única de verdad, los sargentos (r) Bernardo Alfonso Garzón, Gustavo Arévalo Moreno y el mayor (r) Óscar William Vásquez, deberán aportar información sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron durante las operaciones de retoma del Palacio de Justicia en 1985, si quieren permanecer en la JEP.
Así lo determinó la justicia transicional tras resolver un recurso de apelación presentado por las víctimas de este caso, a la decisión del pasado mes de enero de aceptar su sometimiento, condicionándolas a que lo que digan debe ser nuevo a lo que ya conoce la justicia ordinaria.
Al culminar las diligencias, será la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas quien evaluará si estas declaraciones fueron significativas y suficientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, o por el contrario sus procesos serán devueltos a la justicia ordinaria.
A esta audiencia pública de verdad están convocadas las víctimas acreditadas y sus apoderados.
El pasado 16 de marzo, por este caso, la JEP decidió expulsar finalmente al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien desaprovechó en enero de este año su última oportunidad de permanecer en la JEP, si contaba la verdad sobre lo que ocurrió en la retoma del Palacio de Justicia durante una audiencia única de aporte a la verdad.
Así lo determinó en ese momento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, al establecer que las respuestas de Arias Cabrales durante esa audiencia no tuvieron como propósito alguno esclarecer un mínimo de verdad de los hechos por los cuales ya fue determinada su responsabilidad penal, desconoció la razón de ser de la construcción de la verdad en la JEP, y pasó por alto que la justicia ordinaria ya lo condenó como coautor de la conducta de desaparición forzada.