Militares retirados rechazan afirmaciones de JEP sobre falsos positivos
La Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) rechazó por medio de un comunicado la decisión de la Justicia Especial para la Paz de imputar a 10 uniformados por su presunta responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales.
La organización aseguró que es incorrecto señalar que en el Ejército hubo una directiva para cometer tales delitos.
“No existe un solo documento administrativo u operacional, ni manual… ni instrucciones que así lo indique. Los lamentables casos presentados ocurrieron a modo personal y por decisiones individuales o grupales que se alejaron de todas las políticas institucionales vigentes”, consta en el texto.
Igualmente, los militares en retiro rechazaron que se haya tratado de un “ataque generalizado y sistemático a la población civil” y que señalar esto hace parte de una “campaña política comunista”.
Por otra parte, según Acore, “la JEP carece de legitimidad moral suficiente para juzgar con un mismo rasero a violadores de Derechos Humanos… y a militares que, de ser condenados por conductas delictuosa, deberían ser juzgados por la Justicia Penal Militar”.
Este martes 6 de julio la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó cargos a 11 miembros del Ejército Nacional y a un civil por el caso 03, conocido como ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.
El caso tiene que ver con el asesinato de por lo menos 120 personas en el Catatumbo, en Norte de Santander, quienes fueron presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008.
