Las ternadas para fiscal expusieron sus propuestas claves ante la Corte Suprema de Justicia
Pasadas las nueve de la mañana, el recinto de la Sala Plena fue testigo de los planteamientos de las tres juristas que tienen al menos tres aspectos en común: son penalistas, se han desempeñado siempre en la Rama Judicial y tienen sendos reparos frente al funcionamiento actual del ente que podrían dirigir.
La deliberación en la Corte empezará el 7 de diciembre, dos semanas antes de la vacancia judicial, que inicia el 20 del mismo mes y termina el 10 de enero de 2024. No se sabe si el mismo 7 se sabrá el nombre de la próxima Fiscal o si el proceso se extenderá hasta principios del próximo año.
El actual fiscal, Francisco Barbosa, seguirá en el cargo hasta el 13 de febrero. Antes de ese momento, una de las tres ternadas por el presidente Petro será escogida en propiedad. Ganará la aspirante que reciba el voto favorable de al menos dos terceras partes de la Sala Plena.
Ángela María Buitrago
La abogada y docente de la Universidad Externado sostuvo que “la Fiscalía tiene una misión fundamental”. En ese sentido, cuestionó que el actual modelo de funcionamiento del ente investigador se centre en la jerarquía y en las direcciones, en vez de en los funcionarios como tal.
Para sustentar su punto, mencionó que, entre los más de 22 mil empleados que tiene la Fiscalía, solo 4 mil son de carrera y 16 mil son provisionales. Entre los de carrera, solo poco más de 400 son específicamente fiscales.
“Tenemos un número de fiscales muy reducido, un número de Policía Judicial que no alcanza a equiparar el de fiscales y un número de asistentes que no iguala al de los fiscales”, precisó Buitrago, quien advirtió que reestructuraría la planta de la entidad.
Entre sus cuestionamientos a la Fiscalía General, indicó que las absoluciones “ocupan entre el 57% y el 63% de los casos que llegan a juicio”, sobre todo porque “se están perdiendo preacuerdos y la Corte Suprema está decretando nulidades y absoluciones en casación”.
Asimismo, agregó que 31 departamentos del país tienen consigo delincuencia especializada a través de grupos armados organizados, residuales y delincuenciales que se enfocan en delitos de alto impacto, por lo que el órgano investigador debería mejorar su actividad investigativa.
Buitrago propuso una “construcción colectiva y transformadora” que pueda redirigir los conocimientos de la Fiscalía hacia, además del enfrentamiento al crimen local, los delitos transnacionales y transfronterizos.
Para todo lo anterior, destacó que se requiere una “reingeniería” que desconcentre el poder en la jerarquización y que trabaje sobre la base de que el deber de la Fiscalía debe ser investigar y acusar. Buitrago propugnó, por lo tanto, por una mejora en la calidad del engranaje.
“Muchas personas están en el cargo de fiscal y no cumplen con su trabajo”, afirmó, y añadió que su eventual administración encabezaría un proceso de reubicación, sobre todo porque actualmente la carga laboral en la institución es “inmanejable”. Según la jurista, por despacho puede haber entre 400 y 1.400 carpetas de casos.
Para finalizar, la especialista en Derecho Penal admitió que quiere una Fiscalía “independiente, autónoma y ética”, no una que “se instrumentaliza, como en Nicaragua”. Por ello, se ofreció a liderar una “lucha contra la corrupción interna y externa”, una incorporación de igualdad de género y una búsqueda por instituciones transparentes.
Ángela María Buitrago Ruiz fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia entre 2008 y 2010. En ese tiempo fue la encargada de investigar a altos mandos militares por la retoma del Palacio de Justicia, incluyendo al coronel retirado Alfonso Plazas Vega.
Es especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Además, es especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, magíster en Derecho Penal y doctora en Derecho y en Sociología; todos esos títulos los obtuvo en la Universidad Externado, donde es profesora.
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Luz Adriana Camargo
La última de las ternadas por Gustavo Petro fue la segunda en utilizar sus veinte minutos de exposición. En ese tiempo, sostuvo que se deben fortalecer las rutas de atención a las víctimas, mejorar la participación de los fiscales en los juicios y priorizar un enfoque territorial en el tratamiento de los casos.
“Nuestra criminalidad no es homogénea. Necesitamos tener una aproximación mucho más cercana a lo que está pasando en las regiones”, afirmó, y añadió que la criminalidad actualmente es principalmente organizada.
Apuntó que es necesario mejorar las seccionales de la Fiscalía, es decir, los establecimientos que reciben denuncias y toman casos en los distintos departamentos.
“Como todos lo sabemos, hay una complejidad que parte de que no tenemos conductas punibles homogéneas ni fenómenos criminales homogéneos. No es la misma criminalidad la que actúa Soledad, Atlántico, a la que ocurre en Acandí, Chocó”, anotó quien antes fue miembro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Camargo dijo que, de ser escogida como fiscal, se apoyaría en la tecnología para reforzar el análisis criminal como “un elemento básico para abordar los fenómenos criminales”. Asimismo, le apostaría a evitar tener casos individuales, con el fin de dar paso a investigaciones con denuncias agrupadas y elementos similares.
Aunque expresó su oposición a varios aspectos de la Fiscalía, acotó que actualmente se maneja un portafolio de servicios para las víctimas que va más allá de la recepción de denuncias. Para ella, ese es un punto fundamental que quisiera fortificar para brindar, por ejemplo, una consistente asistencia psicosocial.
"Estamos en una tasa de absoluciones que supera el 60%”, planteó Camargo, al declarar que “debemos fortalecer mucho la investigación criminal”.
La idea de la abogada es que los fiscales puedan tener una ventaja investigativa al momento de acercarse a negociar con una persona procesada. “Sin esa ventaja, los preacuerdos son muy difíciles de lograr”, explicó.
Además, se basó en diferentes sentencias de la Corte Suprema para verbalizar que persisten múltiples problemas en la labor de los investigadores del CTI y de Policía Judicial en la recolección de pruebas.
Como variadas dificultades fundadas en determinaciones de la Corte, Camargo declaró que la Fiscalía incumple con la “debida diligencia” con la que debe actuar, presenta “incongruencias” entre las imputaciones y falla al escoger los hechos jurídicamente relevantes. “En estas materias no se puede estar fallando”, criticó.
En su eventual administración, dijo, cambiará los indicadores de gestión para conectarlos con los fenómenos criminales “más delicados”. Su meta serían las sentencias condenatorias. "Con la demanda de justicia que tenemos, no podemos quedarnos en solo recibir denuncias", dijo.
La exmagistrada Luz Adriana Camargo Garzón es cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez, con quien trabajó en la CICIG investigando la corrupción en Guatemala. Fue magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema e investigadora de la parapolítica, algo en lo que Velásquez también coincidió.
En 2018, intentó ser parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte, la que investiga a congresistas, pero su aspiración fue superada por el antes defensor público César Augusto Reyes, el boyacense que investigó a Álvaro Uribe y hoy es presidente del órgano instructor.
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Amelia Pérez
“Todo mi trasegar laboral ha sido dentro de la Rama Judicial”, fue la frase con la que empezó su intervención Amelia Pérez, la tercera y última de las aspirantes en su presentación frente a la magistratura en pleno de la Corte Suprema. La exfiscal dio a conocer los cargos que ocupó en su vida profesional.
Pero ese periodo siendo parte de la Rama Judicial se vio “interrumpido por el exilio involuntario”. Según su relato, el “único fundamento” de su salida forzosa de Colombia fue “el estricto cumplimiento del deber”.
Pérez afirmó que el país vive un momento particularmente difícil, debido a “una criminalidad asfixiante que ha llevado a una impunidad de niveles escandalosos”. Para solucionar los problemas al respecto, sostuvo que la Fiscalía juega “un papel determinante”, que actualmente ejerce “en medio de dificultades y falencias”, que le han traído cuestionamientos.
Si llegase a ser fiscal, su propuesta principal es luchar contra el fenómeno de la corrupción “en todos sus niveles”. “Considero que la justicia cuenta con todas las herramientas constitucionales, legales e instrumentales para el correcto ejercicio de su deber, sin necesidad de injerencias extrañas que al final pueden generar crisis institucionales”, afirmó.
Una de sus principales tareas, expresó, sería fortalecer las Unidades de Reacción Inmediata (URI), tanto en personal como en recursos técnicos y científicos. “Son la puerta de entrada de la ciudadanía a la justicia”, señaló.
Asimismo, anotó que prestará “especial atención” a la violencia de género, junto a profesionales investigadores especializados y complementarios que presten atención en otras áreas, como personal psicológico o equipos dedicados al trabajo social. Subrayó que espera hacerle frente a un “problema de salud mental” que también se dan dentro de la fiscalía.
Para concluir, Pérez sostuvo que manejará un “trabajo armónico con la Jurisdicción Especial para la Paz”, debido a que la labor de la Fiscalía no puede ser ajena a “ese bien tan superior que es la paz”.
“Tengo la convicción plena de que sin justicia jamás será posible la paz”, puntualizó.
Amelia Pérez Parra ocupó cargos en la Fiscalía y en la Rama Judicial por casi veinte años, desde 1987. Fue jueza instructora, fiscal de Derechos Humanos desde que se fundó esa unidad y fiscal contra el terrorismo.
Investigó varias masacres del siglo pasado, como las de Trujillo, El Aro y Pichilín, y a varios exjefes paramilitares. Resultó exiliada tras varias discrepancias con el fiscal Luis Camilo Osorio, quien le reprochó su trabajo en la indagación sobre el ataque al club El Nogal.
