La Corte Constitucional dejó en firme una condena contra varias entidades públicas por el daño ocasionado a las comunidades aledañas al Río Anchicayá, en el año 2001.
Esta condena cobija a la Empresa de Energía del Pacífico, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y al Ministerio de Ambiente por el daño causado por el vertimiento de sedimentos al río durante las labores de mantenimiento realizadas a la hidroeléctrica del bajo Anchicayá.
El alto tribunal determinó que el Consejo de Estado sí demostró la obligación legal del Ministerio de Ambiente, su incumplimiento y los daños que sufrieron las comunidades, por lo que deberá indemnizar a las comunidades con más de 203 mil millones de pesos.
“Las obligaciones legales de prevención y actuación de las autoridades frente a las amenazas y daños ambientales no constituyen una prerrogativa o facultad discrecional. Por el contrario, estas normas constituyen verdaderos mandatos de acción cuando se adviertan situaciones o riesgos de daño ambiental que justifican la intervención estatal con base en criterios objetivos, verificables y serios”, indicó la Corporación.