Durante la presentación de un nuevo balance de las alertas tempranas de deforestación en la Amazonía colombiana, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, alertó que la deforestación en 2024 presenta una tendencia al alza con respecto a 2023.
La jefa de la cartera aclaró que la cifra del 2023 “no es definitiva” debido a que se acerca al 49%, sin embargo “el consolidado final se anunciará en junio”, donde se prevé que la cifra esté entre el 25% y 35% debido al fenómeno de El Niño.
Muhamad aseguró que el Gobierno se encuentra adelantando trabajo con las comunidades y el Consejo Nacional de la Lucha Contra la Deforestación (CONALDEF), estableciendo mayor presencia en los territorios y fortaleciendo la investigación criminal para enfrentar esta problemática.
Los flagelos de la deforestación en Colombia
Dos de las causas asociadas al posible incremento de la deforestación en 2024, de acuerdo con la ministra Muhamad, son la presencia de grupos armados ilegales en los territorios y el Fenómeno de El Niño.
La funcionaria informó que, en la región de la Amazonía, entre octubre y diciembre del 2023, se deforestaron 18.400 hectáreas, lo que significó un incremento del 41% sobre el mismo trimestre del 2022.
A esto se le suma que “identificamos un incremento de 40 % en el primer trimestre de 2024", en comparación con el 2023.
Los departamentos de la Amazonía que fueron afectados por la deforestación son: Caquetá, 3.464 hectáreas; Meta, 2.437 hectáreas; y Guaviare, 1.004 hectáreas, pero Putumayo disminuyó con 1.976 menos hectáreas.
Ante este panorama, la ministra explicó que “desde octubre del año pasado, hasta este periodo, después de nosotros haber recuperado la confianza del campesinado de los tres departamentos (Meta, Caquetá y Guaviare), empezó una disputa territorial con el EMC, por la legitimidad frente al campesinado”.
Agregó que hay restricciones en “la entrada a los funcionarios del Sistema Nacional Ambiental y que, de octubre para acá, esta situación ha empeorado”, así mismo, mencionó que los presidentes de las juntas y funcionarios del Sistema Nacional Ambiental han recibido amenazas y coacciones por parte de los grupos armados ilegales.
“Es miserable la presión psicológica que están ejerciendo los grupos armados contra las comunidades. En este caso, se está poniendo la naturaleza en la mitad del conflicto y esto es una violación al derecho internacional humanitario en el que, claramente, las afectaciones al medioambiente están prohibidas como forma de presión armada”, subrayó.