Agentes de la Policía de la ciudad de Sevilla (España), detuvieron a 19 personas acusadas como presuntos miembros de una organización criminal, dedicada a la explotación sexual de mujeres y la venta de estupefacientes. La red era liderada por una mujer de 54 años que contaba con la colaboración de su exesposo y otros familiares cercanos, todos de nacionalidad colombiana.
En la operación, los agentes policiales practicaron registros simultáneos en apartamentos de la provincia de Sevilla, Utrera y Alcalá de Guadaíra donde, presuntamente, la organización ofrecía a clientes servicios sexuales de mujeres captadas en su país de origen (en su mayoría de Colombia) y trasladadas hasta España como turistas para ejercer la prostitución.
Al arribar al país, a las mujeres captadas por el grupo criminal, se les retiraba el pasaporte, las tarjetas y el dinero en efectivo con el que viajaban y eran trasladadas a un apartamento en el que se les obligaba a ejercer la prostitución y pagar así la deuda contraída.
Según informó la policía, las 23 víctimas liberadas vivían en unas condiciones "pésimas" de salubridad y hacinamiento, ya que debían compartir habitación con hasta doce personas y eran obligadas a consumir droga para aumentar su tiempo de exposición a los servicios sexuales. Además la organización ofrecía también servicios sexuales fuera de los domicilios y las víctimas eran trasladadas personalmente por miembros de esta red.
La investigación comenzó en el mes de mayo del presente año, cuando la policía tuvo conocimiento de una organización dedicada a captar a mujeres en su país de origen, recogerlas al llegar a España y llevarlas a diferentes apartamentos donde eran prostituidas, para que pagasen a la organización la deuda contraída por el viaje, que ascendía a unos 8.000 euros aproximadamente cada una.
En la operación fueron decomisados 82.000 euros (unos 92.775 dólares) y 50 gramos de cocaína, preparados en bolsitas para servir tanto a clientes, como a las víctimas.
De acuerdo con las autoridades, a los detenidos se les imputa delitos de pertenencia a organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y explotación sexual, delito contra la salud pública, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los trabajadores. Además, a uno de los detenidos se le imputa agresión sexual a una víctima, de la que habría abusado en más de cuatro ocasiones.