Migración centroamericana: ¿el cierre de fronteras ha fracasado?

Este artículo se basa en el informe ‘Trazando un nuevo rumbo regional: las complejas motivaciones y los costos de la migración centroamearicana’, publicado por Migration Policy Institute, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y el Laboratorio Civic Data del Instituto de Tecnología de Massachusetts, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El 2022 comienza con una luz de esperanza para la gestión de los flujos migratorios masivos y persistentes desde El Salvador, Guatemala y Honduras hacia México, Estados Unidos y Canadá porque varios gobiernos han expresado interés en resolver conjuntamente las causas estructurales en sus países de origen, lo cual supone un cambio de rumbo en la fracasada estrategia del cierre de fronteras.

En reuniones y declaraciones bilaterales y multilaterales se ha expresado con claridad el objetivo: gestionar una migración regular, ordenada y segura como condición necesaria para contribuir al desarrollo sostenible y garantizar que la migración no sea el último recurso para sobrevivir a condiciones adversas.

Durante los últimos cuatro años (2017-2021), la patrulla fronteriza de Estados Unidos que opera en la frontera con México registró un millón ochocientos mil encuentros con migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y aunque México es el país vecino, el número de migrantes de esos tres países es superior al de los mexicanos.

Desde 2018, esos movimientos migratorios han sido más grandes, más frecuentes y con dos particularidades: aumenta el número de familias y el de menores no acompañados. La mayoría migró pensando en Estados Unidos como destino final para buscar empleo, reencontrarse con familiares y garantizar su protección humanitaria.

En el papel, las cosas están claras:

1. Hay que pasar del control migratorio en las fronteras y en las rutas migratorias a un sistema de gestión basado en la cooperación.

2. Hay que intervenir sobre las causas estructurales.

3. Hay que tener control sobre los costos e implicaciones económicas para las familias y comunidades en toda la región.

Es la conclusión a la que han llegado los autores del informe, con base en una encuesta presencial a cinco mil familias, en doce regiones de El salvador, Guatemala y Honduras; y con base también en una encuesta en línea a seis mil personas.

Las dos encuestas, que recogen información relevante para identificar y comprender las necesidades emergentes de las comunidades migrantes y no migrantes, tienen un valor agregado: fueron realizadas en el segundo semestre de 2021; por tanto, tienen la información más actualizada que se requiere hoy para tomar decisiones, aunque mostraron la urgencia de más investigaciones sobre las razones que explican la necesidad de migrar y las motivaciones para hacerlo.

El 43 por ciento de los hogares encuestados quiere migrar de forma permanente a otro país, en el próximo año.

En 2019, solo el 8 por ciento de los hogares quería hacerlo. El 6 por ciento ya está armando plan y el 3 por ciento tiene preparativos concretos.

Del total de los hogares migrantes más pobres, el 23 por ciento de asegura que necesita migrar para no pasar hambre.

La violencia, la inseguridad y los desastres naturales —que por décadas fueron los principales factores de la migración— han sido superados por factores económicos, tales como, bajos salarios, desempleo e ingresos insuficientes.

En el pasado, ganar poco, estar desempleado y disponer de pocos ingresos impedía a muchos iniciar la travesía; hoy, no necesariamente. Antes, mucha gente no migraba para evitar la separación de sus familias y porque se sentían más segura y con más arraigo en sus países; hoy, emigra. Antes lo hacían familias con más recursos; hoy crece el número de familias con menores ingresos. Ahora, más que hace cinco años, es probable encontrar familias pobres que reportan que alguno de sus miembros migró.

En las familias que informaron sobre la migración de alguno de sus miembros en los últimos cinco años: el 55 por ciento viajo de manera irregular, contratando a un coyote, no obstante que es más oneroso que los mecanismos regulares —buena parte del dinero se ha destinado a ese rubro—; el 22 por ciento se arriesgó a viajar por su cuenta o en una caravana; y solo el 19 por ciento siguió los conductos regulares.

En el momento en que se hicieron las encuestas, el 57 por ciento había logrado llegar al país de destino, mientras el 33 por ciento había regresado de manera voluntaria o involuntaria a su país de origen.

El informe estima que, entre 2017-2021, cada año, las personas migrantes de los tres países —El Salvador, Guatemala y Honduras— pagaron 2.200 millones de dólares por gastos de migración, de los cuales, unos 1.700 millones se gastan en migración irregular.

El negocio de traficar personas es muy rentable, tanto para los coyotes como para funcionarios gubernamentales corruptos. Están organizados en estructuras criminales, muy sólidas, algunas de las cuales operan desde hace décadas. En promedio, cada migrante paga 7.500 dólares para migrar con un coyote hacia los Estados Unidos. Es una cifra muy alta, que suelen ser prestada por la familia o por amigos, con la promesa de pagarles regularmente, mediante el envío de remesas, una vez hayan ingresado al país de destino, se hayan instalado y hayan logrado conseguir un empleo.

Un factor positivo es que el volumen de las remesas que enviaron a sus países de origen, representó un medio importante para la sobrevivencia de sus hogares: tres de cada diez familias (29 por ciento) recibieron regularmente remesas desde el exterior. En promedio, los hogares guatemaltecos recibieron 350 dólares cada mes; los hondureños, 170 dólares; y los salvadoreños, 150 dólares. Las remesas han sido un recurso vital para gastos inmediatos y de subsistencia, y no para ahorrar o invertir en proyectos personales o comunitarios.

El hecho de que las migraciones siguen produciéndose masivamente y de manera continua ha ido permeando la tozudez de los gobiernos empeñado en el cierre de fronteras, barreras administrativas y castigo penal a la migración irregular.

Países como Panamá y Costa Rica no tienen la capacidad para contener de manera sostenible la migración y por eso están pidiendo ayuda a otros países. El control migratorio no terminará de la noche a la mañana, pero hay signos alentadores sobre un cambio de mentalidad.

Se percibe hoy una creciente conciencia en favor del cambio de estrategia: pasar del control y contención de la migración a una gestión ordenada, segura y regular que comienza, ante todo, en una acción multilateral, basada en la cooperación, para atender en la fuente las causas y motivaciones que obligan a las personas a abandonar sus países.