En una declaración conjunta, los países miembros de Prosur lamentaron las pérdidas de vidas y heridos en medio de las protestas que se adelantan en el país desde el pasado 28 de abril. Asimismo, expresaron su solidaridad a las familias de las víctimas, e instaron a todos los actores políticos a buscar una solución hacia el respeto de la institucionalidad y de los Derechos Humanos.
Entre tanto, la canciller Claudia Blum confirmó que se ha dado un diálogo permanente con la comunidad internacional para informar a los países y organismos internacionales sobre la coyuntura que se vive en Colombia.
“Con todas nuestras embajadas y consulados en el exterior, estamos ratificando al mundo que Colombia es un Estado de Derecho, con instituciones democráticas sólidas, separación de poderes y órganos de control independientes. En este marco, el Gobierno de Colombia toma todas las medidas para garantizar la protesta pacífica. Esto se evidencia en las manifestaciones de miles de colombianos que se han expresado en forma pacífica estos 10 días en todo el país”, sostuvo.
A continuación, las consideraciones de la declaración:
Frente a los hechos de violencia ocurridos en la República de Colombia desde el pasado 28 de abril, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay y la República del Perú, países participantes del Foro PROSUR:
1. Lamentan profundamente la pérdida de vidas y heridos, se solidarizan con las familias de las víctimas e instan a todos los actores políticos y sectores representativos de la sociedad colombiana a buscar una solución basada en el diálogo, el respeto de la institucionalidad democrática y el pleno respeto a los Derechos Humanos.
2. Asimismo, condenan enérgicamente los actos vandálicos y de violencia ocurridos en los últimos días, y exhortan para que el derecho a la libertad de expresión y reunión se ejerzan de manera pacífica.
3. Manifiestan el respaldo al Gobierno de Colombia, sus instituciones y a todas las partes interesadas en promover espacios de diálogo, recuperar la convivencia y garantizar el respeto a los Derechos Humanos.