Corte declaró estado de cosas inconstitucional por asesinatos de excombatientes
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional al estudiar ocho tutelas de excombatientes de Guaviare y Nariño, quienes argumentaron que sus vidas corren peligro y las medidas del Gobierno han sido insuficientes para protegerlos de los grupos armados ilegales, con lo que se estaría incumpliendo el acuerdo de paz.
Con esta decisión, ahora el Gobierno deberá adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los excombatientes, pues en concepto del alto tribunal esta situación demuestra que se está frente a una vulneración masiva de derechos como la vida, la integridad personal y la paz de los firmantes del acuerdo.
De hecho, en la ponencia, la Corte aclaró que más de 13 mil excombatientes se han visto afectados por el recrudecimiento del conflicto en las regiones, las amenazas en su contra y las mínimas garantías de seguridad que tienen para vivir en paz ante los peligros que representa el Eln, el Clan del Golfo, las disidencias y la falta de presencia de la Fuerza Pública.
“El asesinato de una sola de las personas que firmaron el Acuerdo tiene un efecto desproporcionado y exige la acción inmediata y coordinada de todo el Estado (…) el desarme ya tuvo lugar y se cumplió a cabalidad por parte de las personas que se comprometieron a reincorporarse al tejido social, lo mínimo que ellas esperan es poder hacer ese significativo tránsito de manera confiable y segura para sus vidas e integridad personal”, indicó la alta Corte.
El alto tribunal agregó que es inaceptable que 270 excombatientes hayan sido asesinados tras el proceso de paz, lo cual consideró preocupante, y señaló que si no se logra un cambio para 2024 podrían darse 1600 homicidios de firmantes de paz.
Ante esta situación, la corporación dio las siguientes órdenes al Gobierno:
- Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que en cuatro meses revalúe el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación y quienes integran el partido Comunes.
- Reevaluar los riesgos de los esquemas de protección colectiva en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación para mantenerlos o fortalecerlos.
- Ordenar a la Procuraduría General de la Nación junto a la Defensoría del Pueblo vigilar el cumplimiento de la sentencia. En este punto, la Corte también creará una sala especial de seguimiento.
- El Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura tendrán tres meses para adoptar las medidas administrativas y financieras necesarias para el cumplimiento de la sentencia.
- Ordenar al Gobierno garantizar la reinserción efectiva a la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares.
