La democracia, otra víctima del conflicto armado colombiano
En el apartado 2 del documento Hallazgos y recomendaciones de su Informe final, la Comisión de la Verdad aborda como tema central la lucha que ha enfrentado Colombia para construir una democracia sin violencia, la cual -durante los años de conflicto armado- tuvo momentos de cierre y apertura marcados por la interacción entre la guerra y la paz.
Estos son algunos de los puntos más relevantes tratados en este capítulo:
La guerra que vivió el país desde los años sesenta del siglo XX fue una disputa por el poder político, la democracia, el modelo de Estado, la tenencia de la tierra, el control del territorio y las rentas. Según el organismo, esta confrontación, más allá de la destrucción física, ha dejado una herida que sigue abierta en el alma colectiva.
“El miedo, el odio, la venganza, la rabia, el resentimiento, el dolor, la impunidad, el señalamiento y la deshumanización han lesionado la vida comunitaria y la confianza entre prójimos. Miles de familias y comunidades viven aún en duelo por sus seres queridos”, señala el Informe.
La violencia -agrega- ha sido el recurso de sectores de derecha y de izquierda para suprimir a los competidores y erosionó el clima de la controversia pública, al punto de confundir al contradictor ideológico o político con un enemigo, lo que hirió, impidió y deformó la democracia colombiana.
“La democracia ha sido violenta. Se ha desarrollado más desde las trincheras ideológicas que buscan la destrucción física y moral del adversario, que desde el diálogo constructivo”, se lee en el documento.
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No obstante, cuando se buscó la paz, se promovieron la inclusión y las reformas, procesos que han sido empujados, en particular, por los sectores pacifistas de la sociedad civil que estuvieron en contra de las armas como camino para el cambio social. La Comisión sostiene, además, que el papel de los ciudadanos ha sido determinante para elegir entre guerra o paz, cierre y apertura de la democracia y compasión e indiferencia.
“Lo primero que se debe reconocer es que la sociedad colombiana aprendió el ejercicio de la ciudadanía en medio de las balas; la democracia se fue construyendo en medio de los espacios que dejaba la guerra”, destaca el texto.
Y si bien no se puede decir que esta haya sido una guerra civil en términos de bandos significativos de la comunidad política, alzados unos contra otros, sí fue una guerra irregular que transcurrió en medio del juego de poder, representaciones e intereses de diferentes personas y grupos de la sociedad civil.
Así mismo, destaca que, pese a las características del conflicto, en Colombia se ha ido consolidando -aunque aún incompleto e imperfecto- un proceso de democracia en el que se ha pasado de una menor a mayor inclusión y de una mayor a una menor violencia. En este sentido afirma que democratización ha ido de la mano con la pacificación y las reformas tendientes a la consolidación de un Estado-Nación.
“No matarás”, el mandamiento
El documento señala que este conflicto terminó sin vencedores, con un saldo de más de nueve millones de víctimas, de las cuales cerca de medio millón fueron asesinadas y más de 100.000 fueron objeto de desaparición forzada. Nueve de cada diez víctimas mortales fueron civiles, la mayoría, habitantes del sector rural.
“En la guerra los campesinos, las comunidades indígenas, negras y afrocolombianas no solo perdieron la vida sino, en muchos casos, la tierra, y han tenido que luchar sin descanso para ser incluidos en el proyecto de nación”, menciona el texto.
De acuerdo con el documento, el conflicto armado interno –de naturaleza política– articuló diversas violencias, entre ellas las disputas por las esmeraldas, las drogas ilícitas, las rentas del Estado. A ellos se sumaron conflictos laborales, urbanos o agrarios y por la tierra, hasta las violencias de género y otras más estructurales como las asociadas al racismo.
El Informe manifiestas que no obstante la complejidad del conflicto, en las últimas seis décadas se han desarrollado varios intentos por construir una paz estable y duradera y destaca tres momentos principales: el Frente Nacional, en 1958; el proceso constituyente que culminó en 1991, y el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP, en 2016. Al respecto, la Comisión menciona el protagonismo de la sociedad civil, su participación a través del voto, la promoción directa de reformas y su búsqueda de un cambio de paradigmas mentales.
En relación con los cambios vividos por el país en las últimas décadas, se exalta la expedición de la Constitución de 1991 ya que sentó las bases para una transformación paulatina del país. Entre otros logros, se mencionan la demanda de derechos políticos, económicos, sociales y culturales que dejaron de ser calificados como subversivos y se convirtieran en parte esencial de una vida digna. La Comisión afirma que la Carta fue el fundamento para transformar la relación del Estado con los ciudadanos y consolidar instituciones democráticas.
En otro de los apartes del capítulo Hallazgos y recomendaciones del Informe final, la Comisión afirma: “Para que la democracia deje de ser restringida, formal y menos imperfecta, es necesario acabar con la guerra y con la violencia; entendiendo que la paz no es solo el silencio de los fusiles sino la creación de condiciones para la libertad humana. Es un ideal que también requiere normas, valores e instituciones y, sobre todo, el ejercicio igualitario de derechos”.
En otro de sus puntos expresa que el primer mandamiento de los colombianos debe ser: “No matarás”.
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Retos
De igual forma, el documento manifiesta que para superar estas violencias y lograr el propósito de vivir en una democracia distinta, Colombia requiere enfrentar y superar varios desafíos, entre ellos los siguientes:
- Consolidar la posibilidad de la alternancia pacífica, incluso más allá de las derechas y las izquierdas, entre diferentes alternativas de poder existentes en lo nacional y lo local.
- Sacar definitivamente las armas de la política.
- Abrir mayores espacios a las minorías y los grupos no hegemónicos.
- Seguir avanzando en la consolidación de normas e instituciones que profundicen la libertad, los derechos y el buen vivir.
- Serenar el debate público.
- Sacar a todas las mafias -en especial el narcotráfico– del poder político, las instituciones del Estado y la vida social.
