El Gobierno Nacional planteó su estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos dentro de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, que contempla una “oferta integral del Estado, para corregir las vulnerabilidades estructurales que han llevado a la dependencia”.
El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que “el cultivo de coca en Colombia continúa aumentando debido a la falta de desarrollo rural y seguridad, así como por una demanda sostenida o creciente en los países consumidores”.
El mismo día, el presidente Gustavo Petro se reunió con el director de la Oficina Política para el Control de Drogas de Estados Unidos, Rahul Gupta, donde se expuso el avance que ha tenido el país en materia de la política de drogas y revisar las ayudas sobre la sustitución de cultivos.
Las cifras presentadas por el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, muestran que entre 2012 y 2022 se erradicaron forzosamente 843.905 hectáreas de coca, pero en ese mismo periodo aumentó el área sembrada un 327%. Solo en el 2022, se registró que fueron sembradas 230.000 hectáreas de coca.
Sobre los avances y desafíos que ha tenido el Gobierno del presidente Petro en su estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, dos expertos conversaron en el programa Puntos de Vista.
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La fuerza represiva del Estado hacia los grandes traficantes
Salomón Majbub, investigador de Indepaz en la línea de política de drogas, subraya la importancia que tiene la estrategia del Gobierno sobre la materia, ya que es “hacer algo distinto” en comparación a otros gobiernos.
Sobre ello, mencionó que el país ha visto “una guerra contra unos sectores particulares”, la cual “no ha dado ningún resultado, de hecho, Colombia es quien pone el 70% de la cocaína a nivel mundial”, seguido por Perú y Bolivia.
“El presidente Petro ha decidido concentrar toda la fuerza represiva del Estado, que antes se dirigía sobre los campesinos, hacia los grandes traficantes de esta sustancia”, aseguró.
Pero el experto advierte que, si bien “no se está persiguiendo a los campesinos, nos dejaron una alta resiembra y de cultivos abriéndose paso en la frontera agrícola”, haciendo necesario una revisión de las estrategias “para que el mercado se vea afectado”.
Comunidades campesinas y erradicación de cultivos ilícitos
A la conversación se sumó Leonor Yonda, vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario, quien destacó el papel que han tenido los movimientos campesinos “en las diferentes movilizaciones”, que muestran cuál es el camino para el manejo de los cultivos.
Sin embargo, resalta que en el país es difícil lograr cambios ante una guerra que “era contra el campesinado, pero no contra las grandes élites que manejan la mafia de Colombia y el mundo”.
“Una institucionalidad que no articula con el movimiento social y las bases, que no conoce las dinámicas del territorio, es difícil materializar las propuestas”, dijo durante su intervención en el programa.
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Esto supone que “va a ser difícil salir de este flagelo”, donde las comunidades son quienes van a salir más afectadas. A pesar de que “la gente ha parado la siembra un poco”, los grandes capitales se han aprovechado de alternativas como la minería ilegal ante la falta de inversión y “la convivencia de la Fuerza Pública con estos grupos armados”.
“En 2018, las comunidades dijeron que querían contribuir en erradicar coca de manera gradual, tristemente este sueño fue truncado. A todos nos toco salir del territorio, estábamos tocando los intereses de los grandes carteles”, agregó.
“La gradualidad es un elemento clave”
Estados Unidos sostuvo conversaciones con el gobierno colombiano a principios del mes de marzo, por medio de Rahul Gupta, director de la Oficina Política para el Control de Drogas de la Casa Blanca, como una forma de revisar los compromisos en el avance de la Política Nacional de Drogas por parte de Colombia.
Felipe Tascón, jefe de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, mencionó que “ellos entienden el cambio de prisma que estamos haciendo (…) la óptica no es sobre el pequeño campesino, sino sobre el gran empresario de la cocaína”.
En ese sentido, el director resaltó que “hay que acelerar el proceso de alternativas para el pequeño campesino” por medio de la inversión estatal y la privada.
“La gradualidad es un elemento clave, para determinar que nosotros tenemos un prisma diferente sobre el tema del narcotráfico (…) en esas condiciones, ese reconocimiento del Estado hace que ese proceso haga que las comunidades levanten las matas solo con las inversiones que haga el Estado”.
'La Cordillera Cambia': una respuesta para la erradicación
Yonda, quien ha sido vocera acerca de cultivos ilícitos, contó lo que es 'La Cordillera Cambia', una propuesta que tiene junto a su agremiación para planear rutas e impactar en la gradualidad y la diversificación a los cultivos de coca.
Según la vicepresidenta, esto surge como una manera de “asegurar la soberanía alimentaria” por medio de planes a cierto periodo de tiempo que les brinden garantías y no quedarse en los monocultivos.
Resalta que este proceso debe darse por medio del cooperativismo y la asociatividad, haciendo alianzas con lo que se produce, así como garantizando la compra permanente de productos.
¿Por qué están sembrando nueva coca?
Sobre la caída de los precios de la coca, Malhub subraya que “no es un tema que ocurre en el Gobierno de Gustavo Petro, sino que lo alcanza”, cuyos efectos se han venido dando antes de agosto del 2022.
“Uno no se explica cómo, habiendo ya crisis por el bajonazo de los precios de la coca, uno iba a regiones como el Catatumbo y encontraba nuevos sembrados, (…) el negocio está funcionando, pero no al campesinado”, afirma el investigador.
Explica que este bajonazo varió en zonas controladas por las guerrillas, donde se vieron afectaciones, pero no en otras controladas por el Clan del Golfo, por eso, “nadie pudo explicar ese bajón”.
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El investigador agrega que la llegada del presidente Petro “ayudó a que el mercado se estancara en ciertos escenarios”, donde algunos grupos pararon las siembras “dado a las expectativas de la Paz Total”.
“El negocio sigue funcionando, al que no le funciona es al pequeño campesino, al que no se lucra, al que apenas devenga un mínimo vital de esos cultivos, (…) hay que seguir viendo qué ocurre, en el bajo Cauca hay cultivos nuevos”, afirma.
Malhub concluye refiriéndose al tema del glifosato, que “la Corte puso unas restricciones, más no las prohibió (…) por suerte, no logró los requerimientos que pedía la corte”, haciendo alusión a las intenciones del expresidente Iván Duque por volver a llevarlas a cabo.