Todos los actores del conflicto están relacionados con el narcotráfico: Comisión de la Verdad
A partir de cuatro aspectos centrales, explicados en su Informe Final, la Comisión de la Verdad evidencia el papel que ha jugado el narcotráfico en el conflicto colombiano y cómo ese entramado de relaciones, coaliciones y vínculos entre diferentes actores políticos, económicos, armados o militares, ha sido determinante en su degradación y desenlaces y, especialmente, en su continuación.
El narcotráfico –dice el documento– promueve un modelo criminal de acumulación de riqueza y poder que se sostiene sobre la violencia y ha permeado a algunas élites y a diferentes sectores de la sociedad en toda la cadena de producción y comercialización. Ese vínculo, añade, empieza en los cultivos de coca y marihuana y llega hasta el lavado de activos y la participación en la demanda agregada de la economía legal.
También revela cómo esos vínculos con amplios sectores del poder político han sido un obstáculo para la democracia. En uno de sus apartes afirma: “El narcotráfico no solo financió la guerra de los grupos armados, sino que ingresó de manera directa a la disputa por el poder político local y nacional, financiando campañas y distorsionando las posibilidades de una verdadera competencia, así como con la captura de instituciones públicas para el beneficio de sus intereses”.
Así mismo, resalta el fracaso de la política de guerra contra las drogas en Colombia, la cual, según la entidad, no solo no ha producido resultados efectivos para desmontar el narcotráfico como sistema político y económico, sino que además sumó un enorme número de víctimas.
El Informe final señala que “el prohibicionismo activó narrativas de criminalización sobre poblaciones y territorios que justificaron operaciones violentas, la aspersión con glifosato generó impactos en la vida de las comunidades y la naturaleza, y las estrategias de sustitución voluntaria, aunque han funcionado de forma más efectiva, no han sido sostenibles en el tiempo porque no se han implementado a la par con procesos de desarrollo rural transformadores”.
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Influencias
Entre los hallazgos plasmados en el informe se señala que gran parte de la expansión de los cultivos de coca en Colombia se explica en la crisis en el desarrollo rural, la falta de una política agraria incluyente que garantice el acceso a la tierra para los campesinos y en la pérdida de la soberanía alimentaria. Esto provocó, según la Comisión, que en muchos lugares la coca se convirtiera en una alternativa productiva para el campesinado.
“Muchos pueblos de Colombia han surgido y son relevantes debido a que estuvieron en contacto con el narcotráfico. Pueblos cercanos a Tumaco, en Nariño, o en Urabá, Antioquia, o San José, en Guaviare, entre otros, pudieron enfrentar una escasa presencia del Estado con los recursos y las dinámicas surgidos alrededor del narcotráfico”, se lee en el Informe.
De igual manera, señala a las FARC-EP de involucrarse en distintos eslabones de la cadena del narcotráfico, principalmente en el financiamiento de la guerra. Anota que esa guerrilla se ha basado en conseguir esos recursos para desarrollar su accionar y fortalecerse militar y económicamente.
Sobre el paramilitarismo afirma que construyó una relación orgánica con el narcotráfico y lo convirtió en una bisagra entre el crimen y el poder para defender sus intereses y cooptar las etapas más rentables del negocio en busca de un enriquecimiento personal.
Una guerra perdida
Para los comisionados es claro que, pese a los enormes esfuerzos, las medidas represivas para controlar las drogas ilegalizadas que atacan a los cultivadores y a los elementos más bajos de la cadena de producción, y, más ampliamente, las políticas para controlar el mercado ilegal y el consumo mundial, han sido un fracaso.
El documento sostiene: “La política antidrogas se ha entendido como una guerra en la que los enemigos son la “narcoguerrilla” y el campesino cocalero, señalado de ser un “narcocultivador”; mientras tanto, los narcotraficantes han actuado en conjunto con una parte de la clase política y con sectores económicos importantes, y se han constituido como miembros de algunas élites, lo que ha conducido a una recomposición de estas en el ámbito local, regional y nacional”.
Adicionalmente, manifiesta que la extensión durante décadas de la figura de la extradición de narcotraficantes se hizo cada vez más automática y limitó la capacidad de investigar el fenómeno en Colombia y le dio cada vez más importancia al papel de Estados Unidos.
Narcotráfico y política
El Informe dice que la relación política-narcotráfico se refleja de diversas maneras: financiación de campañas electorales, corrupción, control del funcionamiento del Estado, sistema para lavar dinero, una forma clientelista y mafiosa de poder e infiltraciones de contrabandistas y traficantes de drogas ilegalizadas en diferentes estamentos del Estado.
Según los testimonios recogidos por la Comisión, el ingreso de dinero del narcotráfico en las campañas presidenciales fue una de las formas en que el narcotráfico obtuvo poder y control político.
Uno de los procesos que menciona el Informe, y que se dio en el marco de la Ley de Justicia y Paz, hace alusión a la revelación del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró que en 2005 el 35 % del Congreso había sido elegido gracias al paramilitarismo. Según Mancuso, citado por la Comisión, ese porcentaje correspondía a representantes de zonas de influencia paramilitar donde los dineros del narcotráfico fueron fundamentales para las campañas políticas.
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Inserción en la Fuerza Pública
En su investigación, la Comisión de la Verdad se refiere a la penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas a través del involucramiento de algunos de sus miembros en este negocio. Testimonios tomados por la Comisión relatan cómo algunos integrantes del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, la Armada y el desaparecido DAS se enriquecieron con el narcotráfico.
Un teniente coronel retirado de la Policía Nacional relató lo que significaba para los policías trabajar en aeropuertos y por qué eran lugares tan apetecidos. El exoficial declaró: “Todo el mundo iba al aeropuerto a ese servicio, porque sabía que en esos tres meses… en términos policiales… ‘se le puede aparecer la Virgen’. ¿Y qué era ese ‘se le puede aparecer la Virgen’? O sea: se le apareció el dinero”.
El Informe manifiesta que hubo un involucramiento mayor de algunos mandos del Ejército con el narcotráfico. Según le confirmó a la Comisión un excoronel del Ejército que operó en el Cauca, los traficantes de cocaína les pagaban a los militares para que les permitieran pasar cemento y combustibles, insumos que son utilizados en el procesamiento de la cocaína.
"El negocio, socio"
Para la Comisión de la Verdad, uno de los móviles de los enfrentamientos armados, incluso en el propio bando, ha sido el control del narcotráfico.
Al respecto señala: “Las disputas por el control de las economías regionales de la cocaína es uno de los factores de persistencia del conflicto armado interno. Al ser un mercado ilegalizado, los actores armados y los entramados que han entrado en la pugna por controlarlo han sido tanto ilegales (insurgencias, paramilitares y narcotraficantes) como agentes de la fuerza pública involucrados en el negocio”.
Esta relación muestra que “no solo se habla de grupos armados al servicio de un negocio ilegal, sino de un modelo de acumulación de capital, una economía que se sostiene a partir de la reproducción y el escalamiento del conflicto, de la ilegalización y del enquistamiento de prácticas mafiosas de poder”.
Por último, la Comisión de la Verdad refiere varios estudios que aluden al peso de la cocaína en el producto interno bruto (PIB) del país. De acuerdo con esos informes de diferentes autores, el impacto está entre el 1 y 4 % del PIB, siendo Colombia el principal productor de cocaína en el mundo para un mercado estimado entre 19 y 20 millones de usuarios.
