La persistencia de la guerrilla en el conflicto armado: hallazgos de la Comisión de la Verdad
En el capítulo titulado ‘Hallazgos y recomendaciones’, incluido en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, se identificaron seis hallazgos relacionados con la participación de los grupos insurgentes en el conflicto armado en Colombia. Esos punto son:
• En desarrollo de sus objetivos políticos y militares, ejecutaron graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectaron a diversos sectores de la sociedad y a las comunidades de las zonas donde hacían presencia. Dichas afectaciones se agudizaron en la medida en que se ha prolongado la confrontación.
• En diferentes momentos se buscaron salidas al conflicto armado a través de procesos de negociación con diferentes gobiernos, pero con resultados contrastantes. Fueron exitosos los del M-19, el EPL y otras agrupaciones guerrilleras, a principios de los años 90. Algunas negociaciones se frustraron, entre ellas, las sostenidas por el Eln y las FARC-EP con el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Y otros procesos, como el Acuerdo de paz logrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP (2016), se consideran históricos porque han contribuido a la transición política y la construcción de la paz.
• Sus objetivos de controlar territorios y poblaciones propiciaron diferentes formas de relacionarse con sectores de la población civil e hicieron que la guerrilla controlara y ordenara acciones violentas basadas en la coacción de las armas y el autoritarismo.
• A través de sus relaciones con movimientos sociales y la izquierda política legal, así como la infiltración y los intentos de instrumentalizar a esas organizaciones, trataron de crear, mantener y consolidar una incidencia en la vida política nacional, regional y local. De esta manera, dificultaron el mantenimiento de proyectos autónomos y cerraron espacios a alternativas civiles en un contexto de agudización de la guerra.
• En busca de sus objetivos militares y políticos, las guerrillas fueron actores centrales en las disputas por el poder político local y regional en sus zonas de presencia. Así, impusieron su poder armado, atacando directamente a representantes políticos y afectando la democracia.
• Finalmente, se evidenció que la solución a los problemas estructurales de Colombia no fue la guerra. Al contrario, con el conflicto armado interno se acrecentaron los problemas.
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Un largo y sinuoso camino
La Comisión de la Verdad logró establecer sucesos, procesos y contextos en la participación de los grupos insurgentes en el conflicto interno en Colombia. Entre ellos, los siguientes:
• Los grupos insurgentes, nacidos en los años 60 y 70, estuvieron ligados al campesinado y a los colonos que a mediados del siglo XX huían de la violencia entre liberales y conservadores para buscar refugio en zonas de colonización. Su expectativa era tomar el poder basándose en el discurso de superar la exclusión política y cambiar las condiciones de desigualdad y pobreza.
• En los años 80, en su enfrentamiento con el Estado y su persistencia en la lucha contra un régimen político al que calificaban de excluyente, las guerrillas se expandieron a regiones donde ese Estado no había resuelto los conflictos por la tenencia de la tierra. Estas situaciones fueron decisivas para el escalamiento de un conflicto armado que se hizo más ostensible a partir de los años noventa cuando la insurgencia, los paramilitares y la Fuerza Pública fueron responsables del agravamiento de la crisis humanitaria del país.
• En la lucha armada como medio para lograr sus fines políticos, ejecutaron graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sus acciones tuvieron implicaciones negativas en el desarrollo de importantes regiones, afectaron el buen vivir de campesinos, indígenas y afrodescendientes en las regiones donde hicieron presencia, impidieron la consolidación de fuerzas alternativas civiles e impactaron la participación política.
• Guerrillas como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Quintín Lame, entre otras organizaciones, se desmovilizaron alrededor de la aprobación de la Constitución de 1991. En cambio, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), continuaron el alzamiento armado y mantuvieron su organización político-militar como un objetivo prioritario.
• Todas las guerrillas usaron el secuestro como una forma de financiamiento o presión política y cometieron atentados y asesinatos contra personas que representaban a sectores económicos y políticos a los cuales señalaron como enemigos. A partir de los años noventa, la extensión e indiscriminación de sus objetivos fueron cada vez mayores, así como las afectaciones a la población civil.
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• La lucha armada, la movilización social y la formación de que una “conciencia de clase” llevaría a hacer la revolución, conceptos impulsados por los grupos guerrilleros, con el tiempo se transformaron en una guerra indiscriminada y contradictoria y con enorme impacto sobre la población civil.
• El intento de crear en los años 80 un proceso de paz con las FARC-EP, mediante el experimento del movimiento de la Unión Patriótica (UP), fracasó por el exterminio al que fue sometido este grupo político. Así se reforzó de nuevo el cierre político y se agudizó la opción armada.
• A partir de los años 90, las FARC-EP y el ELN salieron de los territorios donde había estado concentrada la confrontación –especialmente en el sur del país– y trataron de llevarla a las ciudades y los centros de poder político o económico.
• La predominancia de la dimensión militar y las estrategias de fortalecimiento en armas, dinero y efectivos y una mayor influencia de la economía de la coca y el narcotráfico, propiciaron el crecimiento de frentes y la presencia de las guerrillas en buena parte del país. El aumento de la violencia por parte de los mandos insurgentes se reflejó en homicidios selectivos, tomas de pueblos, el uso de armas no convencionales contra la población, los secuestros y reclutamiento forzado, entre otros fenómenos.
• A mediados de los 90, las FARC-EP estuvieron en condiciones militares, financieras, logísticas y organizativas suficientemente fuertes para insertarse en importantes regiones del país. Por esas razones, se expandieron hacia áreas de desarrollo intermedio, con milicias en Medellín, Bogotá y Cali.
• En esos mismos años, el ELN tuvo un retroceso territorial y social derivado de la expansión paramilitar en sus zonas de influencia. A esto se sumó el deterioro de su imagen ante la opinión pública por los ataques a la infraestructura petrolera, las campañas extorsivas a las empresas y los secuestros masivos.
• Los grandes pilares de financiación de las FARC-EP a partir de los años 90, en el escalonamiento de la violencia, fueron el narcotráfico y el secuestro. Durante esos años se dio una mayor participación de esa guerrilla en las diferentes etapas de las economías regionales de la coca.
• Un punto de inflexión en el conflicto lo marcó la política de Defensa y Seguridad Democrática impulsada durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Durante este período, al tiempo que se desarrollaron negociaciones con las AUC, se implementó un mayor esfuerzo bélico y militar para derrotar a las guerrillas. Esta arremetida se concretó en el Plan Colombia y el Plan Patriota e implicó el repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia.
• Con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia (2010-2018) se abrió la posibilidad de un nuevo proceso de negociación con las guerrillas. Los acuerdos de La Habana alcanzados durante su Gobierno, trazaron una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo para superar los factores que explican la persistencia del conflicto armado.
• Durante el último año de negociación y los primeros años de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, fue evidente el descenso de los indicadores de violencia en distintas regiones del país.
En conclusión, señala el Informe Final de la Comisión de la Verdad, la inserción de las guerrillas en los territorios y el mantenimiento de su presencia, se debieron –además de su propia capacidad organizativa y control armado–, sobre todo, a la incapacidad del Estado para ganarse la confianza de los pobladores y ser considerado legítimo para tramitar por la vía pacífica los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales de esas comunidades.
