Mujeres de El Chimborazo: una historia de lucha, resistencia y esperanza en el Magdalena

La lucha por la tierra

Entre los años 1997 y 2000, el sector rural de El Chimborazo, comprendido por los predios de Cantallar, Los Nigrinis, Chimborazo y Los Ceibones, en el corregimiento de TierraNueva, jurisdicción del municipio de PuebloViejo, Magdalena, fue escenario de un oscuro capítulo de la historia de Colombia. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), impusieron un régimen de terror sobre las comunidades afrodescendientes y campesinas asentadas en este sector.

En 1996, muchas familias afro campesinas provenientes de los corregimientos de Orihueca, Guacamayal y Soplador, y algunas veredas del municipio de Zona Bananera, comenzaron a llegar al sector El Chimborazo, en su búsqueda por adquirir tierras productivas para iniciar con sus proyectos de vida, amparados, en la ley 160 de 1994 que les permitía tomar posesión sobre tierras abandonadas.

Los dueños de los predios Cantallar, Los Nigrinis, Chimborazo y Los Ceibones eran la familia Olarte, quienes mostraron interés en vender sus tierras al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) para, posteriormente, ser adjudicadas al campesinado. Esto motivó a la comunidad campesina a constituirse en una organización con el fin de conseguir la titulación de estos predios.

Iniciaron con labores de desmonte, y cultivos para conseguir recursos adicionales y cumplir con los requisitos para ser, finalmente, poseedores de la tierra, “Iniciamos con un proyecto productivo de la mano con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), el Instituto Colombiano Agrario (ICA) y el Banco Agrario, para sembrar maíz híbrido”, cuenta Beatriz García, lideresa Campesina.

Sin embargo, para 1998, cuando comenzaron a germinar los cultivos de esperanza, el sueño por la tierra se vio empañado por la presencia del frente William Rivas del bloque Norte de las AUC. El objetivo de estos alzados en armas era claro: despojar a las familias de sus tierras, utilizando la violencia sexual, el trabajo doméstico forzado, la tortura, el secuestro y las amenazas como herramientas de dominación y sometimiento.

La resistencia 

Entre los años 1998 y 2000 paramilitares del bloque Norte de las AUC, llegaron al sector el Chimborazo, que constituía un corredor estratégico para el tráfico de drogas y el hurto y comercialización de ganado en el Caribe colombiano. 

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Este grupo sometió a las familias campesinas a múltiples violencias y vejámenes, para despojarlas de sus tierras; las mujeres, fueron las más afectadas por esta violencia sistemática. No solo enfrentaron las agresiones directas (acceso carnal violento, tortura, embarazo forzado, desnudez forzada, acoso sexual) de los paramilitares, sino también la desprotección del Estado colombiano y la falta de apoyo por parte de las autoridades locales. Este clima de impunidad y miedo profundizó su temor a denunciar los abusos sufridos, obligándolas a guardar silencio por muchos años y a vivir con el constante miedo hacia posibles represalias. De acuerdo con Beatriz García fueron cerca de 126 familias las que se vieron obligadas a abandonar estas tierras.

Sin embargo, 6 años después, un rayo de esperanza iluminó el panorama oscuro de estas comunidades. A pesar del dolor y las secuelas de años de violencia, muchas de las mujeres desplazadas tomaron la valiente decisión de regresar al corregimiento de Orihueca, en el municipio de Zona Bananera, de donde muchas, habían sido desplazadas por segunda vez. Decidieron que era hora de luchar por la reivindicación de sus derechos y por la restitución de las tierras que les habían sido arrebatadas de manera violenta.

Esta valiente iniciativa fue liderada por Beatriz García Lechuga, una lideresa campesina cuya determinación y coraje se convirtieron en el pilar de la resistencia campesina de las mujeres de El Chimborazo.

Beatriz, junto a otras 112 familias, organizó y creó la Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables (Fundepad) con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados. Desde esta plataforma, comenzaron una incansable lucha por la justicia, la restitución de tierras y el reconocimiento de sus derechos.

La esperanza

A través de la fundación, las mujeres y familias desplazadas encontraron un espacio para alzar sus voces, compartir sus historias y exigir justicia. En el año 2014, Fundepad inició diálogos con la Unidad de Restitución de Tierras (URT); sin embargo, esta lucha se mantiene vigente, pues a la fecha, no les han sido entregadas las tierras que un día les arrebataron. 

“En el año 2023, nos entregaron la resolución, que indica que tenemos derecho a tierras, ya tenemos toda la documentación requerida y los requerimientos, que fueron entregados a la Agencia Nacional de Tierras, sin embargo, no nos han entregado las tierras que por derecho nos corresponde”, relató Beatriz

Con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, la organización ha promovido proyectos de desarrollo comunitario, capacitación y apoyo psicológico, ayudando a las víctimas a reconstruir sus vidas y recuperar su dignidad. Además, a través del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes, estas mujeres han logrado resignificar su historia a través de expresiones artísticas, como la elaboración de murales, donde plasman sus sueños y esperanzas, “Que las mujeres y los hombres regresemos a nuestro territorio como campesinos y campesinas y que esto sea el símbolo de la paz en nuestro territorio y de nuestro colectivo El Chimborazo”, narró Beatriz García sobre el significado de estos murales.

La historia de las mujeres de El Chimborazo es un testimonio de resiliencia y valentía. Enfrentaron la oscuridad con la luz de la esperanza y transformaron su sufrimiento en una fuerza imparable. Hoy, su lucha no solo busca justicia para ellas mismas, sino que también inspira a otras comunidades a levantarse y reclamar sus derechos. 

En un país marcado por la violencia y el conflicto, estas mujeres son un recordatorio poderoso de que la esperanza y la resiliencia pueden vencer incluso a los más terribles desafíos.