La Academia de Gestión Pública es un centro de estudio e investigación que tiene como propósito brindar herramientas prácticas tanto a los gestores púbicos, como a los privados que contratan con el Estado, para la prevención de riesgos penales, fiscales y disciplinarios, buscando conjugar eficacia y seguridad. Para Sandra Avellaneda, directora de esta entidad, los nuevos comicios que tomaron lugar el pasado domingo, son una oportunidad para que traer a la discusión el tema de la corrupción, y el correcto desempeño de las funciones públicas.
"Acá ya no es el Estado y los gobernados, se trata de todos, lo público es nuestro, es sagrado y para esto los ciudadanos tienen que hacer parte de este trabajo", sostiene la directora.
Según la funcionaria, Colombia es uno de los países con menor confianza institucional. Solo el 32% de los colombianos confían en sus gobiernos, y el 80% de los ciudadanos consideran que los servidores públicos son corruptos.
“Hay un llamado importantísimo para que entre todas las administraciones salientes y sobre todo quienes tienen el desafío de los cuatro años siguientes, trabajemos por recobrar la confianza de los colombianos”, agrega.
Para la organización, es necesario que, en ese trabajo de construcción de confianza, los ciudadanos tengan un papel activo, y que no sigan siendo solo espectadores de lo que hacen sus gobernantes. Además, consideran que es importante que los nuevos actores elegidos, sepan rodearse y asesorarse en sus administraciones.
“Necesitamos administraciones que desde este momento empieces a planear equipos de trabajo óptimos, con capacidad y con ética para decir no a las tentaciones. Sin duda el poder tiene situaciones y tiene variables que necesitan seres humanos con carácter”, sustenta Sandra.
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Según las líneas de investigación de la Academia de Administración Pública, a los jefes de las entidades los condenan por dos razones: por elegir mal a sus equipos de trabajo y por no controlar a sus equipos de trabajo. Por eso sustentan que es más importante, en este momento, pensar qué mecanismos y puntos de control van a establecer para regular a sus futuros miembros de gabinete.